Otro año pasará sin que comiencen las necesarias obras de ampliación de la ruta 27, que conecta San José con puerto Caldera, las cuales se han postergado por más de una década.
Este jueves, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, informó de que el gobierno aún no ha definido el mecanismo que utilizará para llevar a cabo el proyecto. De ahí que, en el mejor de los escenarios, los trabajos en los 77 kilómetros de trayecto no comenzarían sino hasta el próximo año.
Aunque desde mediados del 2023 se anunció que se avanzaría con la negociación con el actual concesionario para evitar demoras y sobrecostos, el jerarca indicó que están considerando la posibilidad de que el Poder Ejecutivo financie la ampliación mediante la emisión y venta de títulos valores a los fondos de pensiones.
Con esa idea, el plan para este año es avanzar en la estructuración financiera del proyecto, para posteriormente elaborar el prospecto para la venta de los títulos valores.
La ampliación se llevaría a cabo por segmentos, comenzando entre La Sabana y Ciudad Colón, y luego entre esa intersección y Coyol de Alajuela. Amador estimó que una vez asegurados los recursos, las obras en el corredor completo podrían completarse en un plazo máximo de tres años.
El ministro dijo que en el pasado se intentó que la empresa concesionaria Ruta 27 (antes Globalvia) realizara la ampliación, pero estas gestiones no tuvieron éxito, por lo que exploran otras opciones. No obstante, tampoco descartó la posibilidad de que al final sea esa firma la encargada de los trabajos.
Estancada
Las negociaciones para ampliar la carretera quedaron en un 80% al término del gobierno anterior. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, las autoridades han buscado alternativas que eviten extender el contrato a la concesionaria.
En agosto anterior, la entonces secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) Dahianna Marín, indicó que se desistía de la idea de romper anticipadamente el contrato porque eso conllevaría más atrasos y aumentaría los costos debido a la indemnización que se debería cancelar a la empresa por finalizar antes de tiempo la concesión.
Un mes después, se dio una versión distinta. Luis Amador declaró ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que buscarían llevar a cabo la ampliación sin prorrogar el contrato a la empresa. En aquel momento, señaló que mantenía conversaciones con entidades bancarias para obtener créditos que financiaran las obras a partir de una cláusula consustancial incluida en el contrato actual. También mencionó diálogos con el Gobierno de Arabia Saudita para obtener los $600 millones necesarios.
En octubre, durante la puesta en servicio del viaducto sobre el hundimiento del km 44 de esa vía, el ministro aseguró que la ampliación se ejecutaría durante este gobierno, sin detallar el plan que seguiría para lograrlo.
En esa ocasión, mencionó que se mantenía un diálogo con la concesionaria, mientras el Ministerio de Hacienda buscaba recursos para financiar al menos una primera etapa. Amador reiteró la intención de solicitar un préstamo a Arabia Saudita, basándose en un ofrecimiento verbal en esa dirección.
La propuesta presentada por Ruta 27 para la ampliación contempla realizarla por etapas, incrementando las tarifas de peaje a medida que se ponen en servicio los tramos. El plazo de ejecución contemplado en el anteproyecto es de cinco años, y se tenía previsto que la construcción iniciara en el 2023.
Inicialmente, la empresa estimó que se requerían $650 millones para completar la obra y que los peajes deberían aumentar entre un 25% y 40% para afrontar la inversión.