MOPT traslada a setiembre fin de ampliación entre Saprissa y cruce doña Lela en ruta 32

Demora por hallazgo arqueológico y obtención de permisos duplicó plazo en obra para solucionar embudo vial

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La ampliación de los 2,8 km entre el puente sobre el río Virilla y el cruce hacia San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cerca del restaurante doña Lela, arrastra un atraso de seis meses y será hasta setiembre cuando los conductores puedan librarse del embudo vial que se forma en ese tramo de la ruta 32.

La obra que se construye dentro de los llamados topics (intervenciones para eliminar cuellos de botella en la Gran Área Metropolitana), originalmente tenía un plazo de ejecución de seis meses y debía estar lista en marzo de este año, sin embargo ya había recibido una prórroga que ponía la fecha de entrega en mayo y ahora se definió setiembre (un año después de iniciada) como el plazo final.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, las principales demoras en la ejecución de estos trabajos están asociadas con el hallazgo arqueológico que mantuvo en suspenso el proyecto luego de que los vecinos de la zona presentaran un reclamo ante la Sala Constitucional y se ordenara contar con la supervisión de un experto durante las obras.

“Ha habido atrasos, el más complicado tuvo que ver con un hallazgo arqueológico, los vecinos presentaron un reclamo porque decían que se estaban haciendo excavaciones en zonas donde hubo vestigios arqueológicos, se tuvo que nombrar un arqueólogo y trabajar con la supervisión de un arqueólogo”, explicó el jerarca.

El ministro afirmó que la obra tiene un 40% de avance y actualmente se ejecutan labores de recuperación de áreas de pavimento y reforzamiento de la estructura pavimentada.

Además del tema arqueológico las obras también enfrentaron atrasos en la obtención de permisos para la tala de árboles, que significaron además ajustes en los costos.

Estos trabajos tienen un costo de ¢3.220 millones, sin embargo dicho monto podría aumentar debido a la prórroga.

La intención de esta intervención vial, es desahogar el embudo que se origina en ese tramo, desde la puesta en operación del nuevo puente sobre el río Virilla, con lo que el paso en ese sector se mantiene en cinco carriles y que se agravará luego de que se mejore la vieja estructura con la que se dispondrá de seis carriles en total.

El plan incluye la intervención de los 2,8 km de carretera entre el puente y el cruce a San Miguel de Santo Domingo de Heredia, así como las mejoras pluviales y de taludes.

A lo largo de ese trayecto se colocarán barreras tipo New Jersey de concreto para separar los sentidos de circulación, similares a las ubicadas en parte de la carretera General Cañas.

También se instalará un nuevo sistema de alumbrado público.

Las obras de intervención en la calzada, asfaltado, señalización y demarcación fueron encargadas a la empresa Meco, mientras que la parte de intervención de taludes y movimientos de tierra lo realiza la constructora H Solís.

FUENTE:    || / LA NACIÓN.

Este proyecto está a cargo de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes y ejecutado mediante los contratos de mantenimiento de carreteras que tienen en ese sector ambas empresas, por lo que se financia con recursos propios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Actualmente ese consejo aún espera la aprobación de una adenda por parte de la Contraloría General de la República para ejecutar la intervención en el puente viejo estimadas en $20 millones.

Dichos trabajos se realizarán mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica que ya fue aprobado.

La idea de la adenda es que el consorcio conformado por MECO y la empresa Puentes y Calzadas (mismo que construyó el nuevo puente) realice la rehabilitación y ampliación del viejo para así aprovechar los accesos y demás infraestructura que el consorcio instaló en el lugar a fin de abaratar los costos.

Meses atrás el director del Conavi, Mario Rodríguez explicó a este diario, que el costo (que alcanza casi lo pagado por la nueva estructura) obedece a que se trata de una intervención mayor en el diseño para cumplir las normas y códigos sísmicos vigentes.

Si la Contraloría no aprueba la adenda el Conavi deberá empezar de cero con una nueva licitación.