MOPT propone intervenir zonas protegidas aledañas a rutas nacionales sin permisos del Minae

Ministro Luis Amador plantea que reforma a Ley de Carreteras les permitirá solo notificar a Ambiente con un informe, una vez realizadas las obras

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Pedir perdón antes que permiso. Ese aparenta ser el espíritu de la reforma a la Ley de Caminos y Carreteras que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, pretende llevar adelante para poder intervenir áreas o zonas protegidas aledañas a las rutas nacionales, donde se detecten riesgos para los usuarios.

Amador aseguró el lunes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que la ley “está muy viejita” y los obliga a seguir protocolos y pasos que “entraban la atención” de las rutas vulnerables.

La propuesta, según dijo el jerarca, es que se amplíe el margen donde la maquinaria de Obras Públicas o Conservación puede trabajar, hasta en 200 metros sobre la red estratégica, 100 metros a cada lado de la vía.

“Con un simple informe que le mandamos al Minae (Ministerio de Ambiente y Energía) diciendo ‘actuamos en esta ruta por esto, esto y esto... nada más lo estamos notificando’”, afirmó el jerarca, quien adelantó que también se encaminan mejoras en otros aspectos relacionados con dichas intervenciones.

El director del Conavi, Mauricio Batalla pidió a los diputados durante esa misma comparecencia trabajar en conjunto para ayudarlos a “liberar amarras” ambientales, que les impiden intervenir los llamados “puntos calientes” en las rutas de montaña.

“No puede ser posible que nosotros no podamos como Administración ir a intervenir taludes que se están cayendo porque o está fuera del derecho de vía o son parque nacional. ¿Qué es más importante?, Yo sigo siendo de la vieja usanza y pienso que es más importante la vida humana que cualquier otra cuestión asociada”, manifestó Batalla.

En su argumentación, el ministro manifestó que se necesita un mecanismo más expedito para poder intervenir y que no se puede seguir “en contabilización de fauna y flora”. Como ejemplo citó el caso de la ruta 32, donde, según dijo, el año pasado trató de buscar consenso entre ingenieros del MOPT y personal del Ministerio de Ambiente, para realizar las intervenciones que se requerían en varios puntos propensos a derrumbes y no se logró.

Precisamente, esa ruta es una de las más complicadas, pues el paso de montaña atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo, por lo que Obras Públicas no tiene margen de acción para ejecutar las labores que han planteado como eventuales soluciones a los constantes deslizamientos que interrumpen el paso.

Esas alternativas incluyen la construcción de muros anclados para sostener los taludes o terraceos (cortes en la montaña).

La Nación envió consultas al Minae para conocer su criterio en relación con la propuesta del MOPT; mediante la oficina de prensa se informó que no podían opinar sobre un texto que aún no existe.

“Si se plantea un mecanismo legal ágil, se analizaría”, añadieron.

Monitoreo y tecnología

Durante la comparecencia del lunes, Amador advirtió de que en este momento no se puede garantizar a los usuarios de las rutas nacionales que el tránsito es seguro.

Además de los citados impedimentos en materia ambiental, el jerarca aseguró que se requieren recursos para realizar estudios e implementar distintas tecnologías de monitoreo y alerta temprana.

“Una vez que tengamos esos dispositivos, por ejemplo canalización, drenajes, pantallas de retención, gaviones, todavía pudiera haber un punto donde haya una caída y la única forma es hacer un corte completo de montaña en todos sus puntos, cosa que sería inviable por impacto ambiental”, agregó.

Las justificaciones de Amador se dieron en el marco de la investigación por el accidente ocurrido el pasado 17 de enero en el cerro Cambronero, cuando un bus de la empresa Alfaro, que viajaba entre San José y Santa Cruz de Guanacaste, cayó a un guindo tras ser golpeado por un árbol que se desprendió de un talud. Nueve personas fallecieron y unas 50 resultaron heridas.

El jerarca fue enfático en que el árbol se encontraba fuera del derecho de vía, así como el flujo de agua saturado que se detectó en inspecciones posteriores.

También insistió en que la alerta emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) relacionada con las altas precipitaciones y suelos saturados, se emitió una hora después de la tragedia.