Los diputados Javier Cambronero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidieron ayer al Poder Ejecutivo idear un proceso para fiscalizar los ingresos por cobro de peajes de la empresa Globalvia Ruta 27, concesionaria de la carretera entre San José y Caldera.
En conferencia de prensa, ellos criticaron que ningún órgano se encargue de vigilar cuánto gana la empresa, a la vez que tampoco existe un sistema tecnológico fiable que permita un control cruzado entre lo que reporta la firma y lo que realmente pasa por las casetas.
“El país urge de un órgano fiscalizador para que todos tengamos la certeza de que los datos que se están dando sean reales. En definitiva, hay que exigir a los responsables, tanto del Gobierno anterior, como de este, para que expliquen la falta de controles”, indicó Corella.
Los legisladores proponen que, entre otros, sean convocados para dar explicaciones ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el anterior jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro, así como el exsecretario de Concesiones de esa cartera, Edwin Rodríguez.
La Nación intentó localizar a Jorge Mora, actual secretario de Concesiones, con el fin de ampliar detalles, pero no respondió las llamadas telefónicas.
Números. “Como no hay órgano fiscalizador, no se puede saber de cuánto son los ingresos, pero cuidado si, en menos de tres años, ya cubrieron la inversión”, dijo Cambronero.
El costo de la vía de 76,7 kilómetros fue de $302 millones.
Datos del MOPT divulgados la semana pasada indican que Globalvia ha recuperado $104 millones de inversión desde que empezó a operar la carretera, en 2010.
Los peajes son la principal fuente de ingresos. Por ejemplo, un vehículo liviano paga ¢2.760 por el trayecto en un solo sentido. Entre otros puntos, la firma tiene casetas en Escazú, Ciudad Colón, Siquiares y Atenas.