El conflicto que deparó en una millonaria multa para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no era del conocimiento de la Junta Directiva de la institución. Supieron hasta el momento en que se recibió la sanción.
Esa fue la versión que dieron los directivos del AyA a los diputados, este jueves, al comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Los funcionarios acudieron para dar cuentas sobre el castigo de $6,5 millones que recibió la entidad al resultar perdedora en un arbitraje con la empresa española Acciona Agua S. A., a la que encargó obras del proyecto de alcantarillado sanitario de San José.
Según Yolanda Acuña, miembro de la Junta Directiva, nunca supieron que el AyA tenía ese conflicto.
“Sobre ese tema, le puedo decir lo siguiente: fui una de las personas, y así lo hice ver en Junta Directiva, que cuando se nos llevó el caso del laudo (arbitral) era una cosa ya juzgada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca participamos, ni fuimos, digamos, nunca se nos elevó a conocimiento que se estaba en ese conflicto. Lo digo porque en Junta Directiva revisé y no encontramos nunca que el tema fuera agendado ni oficialmente tratado por nosotros”, afirmó Acuña.
El reclamo del arbitraje se originó por la decisión del AyA, en 2017, de suspender el contrato suscrito con Acciona dos años antes.
A la firma se le encargó la instalación de una sección de tuberías del alcantarillado sanitario en San José, como parte del megaproyecto para tratar las aguas residuales de 11 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) en la planta Los Tajos, en La Uruca.
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El laudo arbitral o resolución del proceso fue emitido por el Centro de Resolución de Conflictos (CRC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en mayo del 2020.
Ante las afirmaciones de Acuña, la diputada liberacionista Yorlenny León la cuestionó sobre el deber de vigilancia que tenía la Junta Directiva, que ahora alega no haber sido informada.
La directiva respondió que solo se conoce lo que se les eleva.
“Nosotros no somos administración activa, y muchas de las cosas que estaban pasando quedaban en la misma unidad, en la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia, el encargado del proyecto y el contralor. A nosotros no nos informaron de nada de lo que hoy sabemos, sino posterior a que el laudo se perdió y eso usted lo puede constatar en las actas. Siempre había como información, pero era información que no nos llevaba a dimensionar lo que ahí estaba pasando”, expresó.
León, entonces, le recriminó su oposición a que se contratara un especialista para analizar lo que ocurrió en la tramitación de ese laudo y determinar si se trató de una falta de pericia o representación negligente.
Los diputados también pidieron a la Junta Directiva explicaciones sobre si recibieron de parte del contralor de Agua Potable y Saneamiento, Guillermo Arce, informes sobre lo que acontecía con la empresa Acciona, ya que él, en una comparecencia anterior, afirmó que constantemente enviaba informes a la Junta Directiva.
Roxana Salazar, otra miembro de la Junta Directiva, aseguró que los informes los presentaba Arce a su jefe que era Marco Fidel Vargas, gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento del AyA.
“Desde el 2019 nosotros empezamos a solicitar que se nos remitiera copia de esos informes pero no eran dirigidos a la Junta Directiva. Nosotros queríamos saber un poco más sobre cómo estaba funcionando esta unidad ejecutora”, respondió Salazar.
Investigaciones
Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto desde enero, dijo que aunque él no estuvo durante el conflicto, entiende que los procesos de arbitraje son propios de las obras civiles complejas.
El jerarca incluso afirmó que el AyA se somete a un proceso de arbitraje en todas las contrataciones y que son usuales los reclamos con ajustes.
“Después de este proceso lo que quedó por parte de esta Junta Directiva fue solicitar un informe de la Auditoría Interna, el cual ya se concluyó, se brindó todo el apoyo para generar una investigación detallada desde el ámbito legal”, manifestó.
A partir de la pesquisa, según Martínez, la Junta Directiva hizo cinco relaciones de hecho, de las cuales cuatro están en proceso y una en análisis
“Esa es una acción que ratifica la toma de decisión rápida y directa que ha tenido la Junta Directiva”, consideró.