El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, dejó plantados a los representantes de la Asociación Pro Carretera a San Carlos que llegaron este lunes a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa para pedirle explicaciones por los atrasos en el proyecto.
Su presencia estaba incluida en la agenda divulgada en horas de la mañana. Sin embargo no llegó Amador, tampoco el viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, ni los miembros de la unidad ejecutora contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
De esta forma, los representantes de la comunidad solo pudieron exponer ante los diputados su queja por la poca importancia que, en su criterio, el Gobierno ha dado a la carretera por la que llevan esperando más de 50 años.
Los principales reclamos que llevaron los representantes de la Asociación, tienen que ver con los incumplimientos presentados hasta ahora en el proyecto de rehabilitación de la ruta 700 que uniría La Abundancia (donde finaliza el tramo central de la futura carretera a San Carlos), con la ruta nacional 141 (Naranjo-Ciudad Quesada) para descongestionar así el centro de Ciudad Quesada. Son 3 km de la vía a Sucre y 7 km del tramo central.
Las obras debieron haber comenzado en agosto y, según indicaron, a la fecha solo se han ejecutado labores de mantenimiento y aseguran que en parte de ese trayecto aún hay pendientes 22 expropiaciones.
Rafael Solís, presidente de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, también manifestó su preocupación por el estado del asfalto entre La Abundancia y Sifón, pues desde el 2015, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) había señalado que la subbase no cumple con las condiciones requeridas, pues le pusieron más cemento de lo necesario, por lo que es muy rígida, lo que provoca que se agriete.
“Esto ya lo percibimos en los 7 km que hay de La Abundancia al cruce de Sucre, ya hay grietas en el asfalto, y eso que ahorita el tránsito es mínimo. En el momento que haya camiones pesados se va a despedazar. Se tienen que dar medidas correctivas”, dijo.
Sobre el asunto, pidieron resuestas al MOPT para saber si el estudio de IDOM, responsable del estudio de factibilidad, contemplaron el tema de la solución al asfalto, pero no han recibido información.
Además, el presidente de la Asociación, afirmó que temen que una vez más los plazos prometidos por el Gobierno no se cumplan, pues a la fecha no se ha iniciado la precalificación de las empresas y llevan más de un mes esperando conocer los estudios de factibilidad.
“Están vendiendo humo”, afirmó Rafael Solís, presidente de la Asociación. Añadió que para ellos, este proceso ha sido “una bofetada” pues pensaron que el proyecto avanzaría en este gobierno.
Fue enfático, en que el hecho de que no existe una unidad ejecutora, sino una sola persona, es evidencia del poco interés que tiene el Ejecutivo.
También el diputado Diego Vargas, quien preside la Comisión de Infraestructura, reclamó la ausencia de Amador o de algún representante del MOPT.
Vargas aprovechó para fustigar la gestión del ministro e incluso advirtió de que consideraría pedirle a la Contraloría General de la República investigar la gestión. Incluso, solicitó apoyo de otros congresistas en esa petición.
“Uno dice, ¿qué están haciendo?¿ Para dónde llevan esto? Nos vamos a tener que poner agrios con el ministro; vamos a tener que meter la Contraloría para que investigue qué es este desastre. He venido diciendo que el ministro está desarmando todos los proyectos ¿cuál proyecto no ha manoseado? No está pasando nada, en San Carlos no está pasando nada, no se está construyendo nada”, aseveró.
Sin supervisión
Representantes de la Constructora Santa Fe también fueron llamados a comparecer para dar cuenta de su labor.
Alexánder Moya, ingeniero a cargo, relató una cadena de tropiezos y confusiones en el proceso. Según dijo, recibieron la orden de inicio el 3 de enero, pero como estaban mal dada tuvieron que enmendar el 17 de enero.
Según dijo, comenzaron pero sin empresa supervisora, solo con un grupo de consultores contratado por el MOPT. Con ellos coordinaron para comenzar diseños.
“Pero viene la sorpresa, en marzo, y se nos desaparecieron (los consultores) porque en abril teníamos que entregar diseños Los entregamos el diseño, cumpliendo el plazo de 90 días del contrato. El 6 de mayo, recibimos una orden de suspensión hasta por 72 días con la justificación de que no había supervisión. Luego viene una enmienda y otra, donde nos amplía el plazo de suspensión”, relató Moya.
El 22 de agosto, añadió, entró un nuevo grupo de consultores y apenas 22 días después mandan observaciones al diseño, lo que en su criterio, es un “plazo abrupto”. Ahora, dijo, están en atención de observaciones, pero ninguna de fondo.
Ante una consulta del diputado liberacionista Francisco Nicolás, el ingeniero confirmó que todos los atrasos por decisiones de la Administración serán cobrados.
Entretanto, Diego Vargas cuestionó que se diera la orden de inicio sin supervisión, aparte del “mal negocio” de las suspensiones que habrá que pagar.
Igualmente, criticó el hecho de que no se haya considerado en el contrato con Santa Fe la solución al problema de asfalto que ya fue colocado.
Mauricio Rodríguez, gerente de la constructora, confirmó que el contrato no contempla la intervención de los 7 km asfaltados, sino solo diagnóstico. En ese tramo, dijo, sí les corresponde intervenir taludes.
“Sobre lo que hay, sobre el deterioro que hay (en el pavimento) vamos a pintar, a señalizar y se pone en operación, ese es el alcance en nuestro contrato de la ruta 35″, confirmó el ingeniero Moya.
La promesa
A inicios de agosto, el presidente Rodrigo Chaves visitó la zona norte junto con autoridades del MOPT y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para anunciar a los vecinos que ya se contaba con los recursos necesarios para completar la obra.
Esto debido a que el préstamo otorgado por $225 millones no alcanzaría para la totalidad del proyecto, por lo que se decidió destinar parte de los $140 millones remanentes del paralizado proyecto Barranca-Limonal a la vía a San Carlos. El costo estimado para el proyecto es de $340 millones.
Chaves prometió que los trabajos comenzarían en agosto del 2024 y la obra estaría lista antes de terminar su gestión.
El corredor completo de la carretera a San Carlos lo conforman la punta sur que inicia en San Miguel de Naranjo hasta Sifón de San Ramón. Ese trayecto es de 8 km y su costo se estimó en $130 millones. El tramo central lo comprenden 29 km entre Sifón y la Abundancia de Ciudad Quesada y la punta norte que va desde la Abundancia a Florencia. Este último se completó durante el anterior Gobierno.