La promesa del Gobierno de completar la construcción de la carretera a San Carlos, a mediados del 2027, contiene indefiniciones en una serie de aspectos clave que podrían hacer que la obra no se llegue a concretar en el plazo prometido, una vez más.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ofreció finalizar durante su mandato la ruta por la que los vecinos de la zona norte llevan esperando más de 50 años.
No obstante, a la fecha no se tiene definido el modelo de contratación que se utilizará para realizar el proyecto, faltan casi 200 expropiaciones y se desconoce de dónde saldrán los recursos para una contrapartida que debe poner el Estado.
El pasado miércoles, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, Chaves mostró su inconformidad con el cronograma que quedó plasmado en los estudios de factibilidad entregados por la empresa IDOM.
De acuerdo con IDOM, el proceso de licitación se desarrollaría durante todo el próximo año, para iniciar la construcción en el 2025 y ver concluidos los primeros tramos a mediados del 2027, es decir un año después de que Chaves entregue el poder.
“Esa es una promesa de campaña y romper promesas no es algo que me resulte fácil. Hablé con el ministro (Luis Amador, del MOPT) sobre esa auditoría del 2027 y le dije que eso no me parecía posible aceptarlo”, sostuvo el mandatario.
Sin embargo, la experiencia de otras obras que acumulan años de atraso y los aspectos pendientes en este caso hacen prever a la ingeniera Ileana Aguilar, exgerenta del proyecto, que los plazos en lugar de aligerarse se podrían extender aún más.
En cuanto a las expropiaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cuenta este año con ¢8.000 millones, pero Aguilar detalló que a la fecha solo se han ejecutado un 20% de los dineros, por lo que aún quedan unos 185 predios por adquirirse.
En una entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, la ingeniera señaló el pasado jueves que todas esas compras deben ser tramitadas por la misma oficina que tiene a su cargo expropiaciones de otros proyectos, como el de la ruta 32 o Barranca-Limonal.
Dichos trabajos se han atrasado por meses, debido a la lentitud de las gestiones del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles y por los casos que son llevados a la vía judicial, ante la poca capacidad del Juzgado Contencioso Administrativo.
Aguilar advirtió de que, de no ejecutarse en lo que resta del año los fondos asignados a las expropiaciones de la ruta a San Carlos, estos podrán perderse porque forman parte del Presupuesto Nacional del 2023.
Se buscan $140 millones
Otra de las grandes indefiniciones que rodea al plan del Gobierno es de dónde se tomarán los $140 millones que el Estado debe dar como contrapartida al préstamo por $200 millones que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obra.
Se trata de una incógnita que el propio viceministro de Infraestructura, Efraín Zeledón, reconoció que no se ha logrado despejar durante una comparecencia ante el Concejo de San Carlos, el pasado 16 de junio.
Una de las alternativas mencionadas tanto por el mandatario como el jerarca del MOPT, Luis Amador, es la colocación de peajes en la ruta. No obstante, los estudios de factibilidad indican que ese mecanismo solo permitiría recaudar entre $50 millones y $60 millones.
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Con respecto al modelo de contratación, la ingeniera indicó que durante la administración pasada se habían valorado tres posibles alternativas.
Una primera alternativa es una contratación de obra pública tradicional, en la cual el Estado tendría que aportar el costo de la obra y encargar a una empresa la ejecución. Otra vía es la optimización de activos mediante la cual se contrata la construcción, mantenimiento y operación de la vía. Y una tercera vía es una concesión tradicional.
Aunque en los dos últimos casos sería necesaria la colocación de peajes, Aguilar sostuvo que la concesión no resultaría la ruta más recomendable, debido al alto nivel de riesgos que presenta la carretera, tanto por cuestiones geológicas como de posible demanda.
En cuanto al último aspecto señaló que, por tratarse de una ruta nueva, no se tiene una estimación demasiado precisa sobre la cantidad de vehículos que la utilizarán.
Indicó que cualquiera de esas alternativas requeriría la elaboración y publicación de un cartel de licitación internacional, que a su vez podría acarrear objeciones y apelaciones. Estimó que estos trámites podrían consumir, en un escenario optimista, hasta año y medio.
Una incógnita adicional tiene que ver con las tarifas de peaje que se podrían aplicar. Las autoridades han insistido que se trata de montos “socialmente aceptables”, pero de momento se desconocen cifras exactas.
Desde la semana pasada, La Nación solicitó al MOPT los estudios completos que fueron entregados por la consultora IDOM, pero se indicó que los mismos se encuentran en revisión.
Situación del proyecto
La carretera a San Carlos lo conforman tres secciones: la punta sur de 8 km que inicia en San Miguel de Naranjo hasta Sifón de San Ramón, un tramo central de 29 km entre Sifón y la Abundancia de Ciudad Quesada, y la punta norte que va desde la Abundancia a Florencia.
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Solo se ha concluido la punta norte. Sin embargo, desde su puesta en servicio no ha recibido mantenimiento por lo que también comienza a enfrentar deterioros, al igual que 20 km que quedaron asfaltados (aunque no finalizados) en el tramo central.
La obra estuvo a cargo de la empresa Sánchez Carvajal hasta el 2018, cuando luego de 13 años y debido al lento avance y alto costo, el entonces ministro Rodolfo Méndez, decidió no extender más el contrato. Hasta ese momento, la vía quedó con un 60% de avance.