El hackeo que sufrieron los servidores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desde el pasado 17 de enero, afecta la rendición de cuentas y la fiscalización que realizan los diferentes órganos sobre el manejo de recursos y proyectos a cargo de ese ministerio.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República en un informe que analiza la asignación presupuestaria de la entidad para este año.
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De acuerdo con la Contraloría, el ciberataque y las medidas que implementó el MOPT en respuesta a esa situación, afectan la coordinación de las diferentes unidades y limita la capacidad de sus funcionarios para realizar sus actividades ordinarias y, por lo tanto, la ejecución de los recursos y proyectos.
Esas medidas incluyeron la suspensión de cualquier comunicación entrante o saliente (los funcionarios no tienen acceso a correo electrónico), además se deshabilitaron los servicios de Tecnologías de Información, acceso a los equipos por parte de las personas funcionarias, así como revisión y limpieza de dichos equipos, entre otras.
Al personal, se le ordenó no conectarse a las redes del Ministerio, pero tampoco puede acceder a Internet en los equipos de la institución desde redes privadas; únicamente se autoriza el uso de algunos colaboradores para la atención de temas urgentes, pero para esto deben contar con el visto bueno del despacho del Viceministerio de Administración.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, no contar con la información de los sistemas informáticos, crea una barrera para la adecuada rendición de cuentas y restringe las labores de control.
El pasado 30 de enero, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró que el ataque no afecta los servicios críticos, aunque impide trabajar a la velocidad deseada, pues algunos funcionarios fueron enviados a laborar en sus casas.
Amador aseguró que la recuperación de los servidores podría tardar entre seis y ocho semanas e insistió en que los datos de los usuarios no fueron vulnerados.
Desde el pasado 17 de febrero, se solicitó a la viceministra administrativa, Ángela Mata, una actualización del tema, pero a la fecha no se ha tenido respuesta.