El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) alista más de 600 procesos de multa en contra de la concesionaria a cargo de la ruta entre San José y Puerto Caldera, Ruta 27 (antes llamada Globalvia) por supuestos incumplimientos que vienen desde el 2015 a la fecha.
Las sanciones –cuyos expedientes están siendo conformados– podrían representar el pago de hasta $60 millones por parte de la empresa, si llegaran a quedar en firme.
La intención de aplicar las multas la advirtió el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, desde finales del año pasado, al considerarla como una de las opciones para sacar del proyecto a la concesionaria de esa ruta de 77 km que opera desde 2010 con cobro de peajes.
“Vimos a ver cuánto costaba indemnizar a esta gente, para ver si los podíamos quitar de encima. Estamos haciendo una recopilación de elementos de prueba, de todos los incumplimientos, para ver hasta dónde podemos llegar; qué tanto tenemos de fundamento”. Así lo afirmó el ministro el 2 de noviembre del 2022 en una conferencia de prensa a la salida del Consejo de Gobierno.
Sin embargo, el 12 de mayo pasado, Amador reconoció las dificultades de lograr esa salida y evitar el pago de una indemnización por romper el contrato con la empresa antes de tiempo. En el mejor de los escenarios, la compensación rondaría los $350 millones.
“Hemos valorado si a nivel de incumplimientos hay algo que podamos hacer para llegar a un punto donde podamos decir chao, (pero) no se puede”, respondió al ser consultado sobre las opciones para ampliar la carretera y la posibilidad de extender el contrato o romper con la empresa a la que aún le quedan 10 años al frente de la concesión.
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Dahianna Marín Chacón, quien fue designada en noviembre como secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, declaró a La Nación que se encuentran en la elaboración de cada uno de los expedientes para comenzar a entablar las sanciones.
Las multas que el CNC pretende imponer a Ruta 27 obedecen a presuntos incumplimientos contractuales como desatención de derrumbes, baches en el pavimento, defectos en asfalto, desprendimiento de materiales, envío tardío de informes, huecos en los puentes, mal estado de señales e interrupciones en el tránsito atribuibles a la mala conservación de la carretera.
De acuerdo con Marín, realiza un diagnóstico para determinar por qué, antes, no se han aplicado sanciones, al tiempo que ejecuta un plan remedial para agrupar las detectadas hasta ahora.
La Nación consultó a la compañía Ruta 27 sobre los procesos de multas y las advertencias recibidas, así como sus eventuales descargos. Sin embargo, no dio respuesta.
Mayor respaldo
El año anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo, dejó sin efecto varias de las sanciones interpuestas hasta ahora a la empresa, pero de acuerdo con la encargada de Concesiones, esas resoluciones se encuentran en proceso de revisión.
El 13 de febrero, durante la sesión de Junta Directiva del CNC, la representante del Órgano Fiscalizador de ese consejo, Karen Ortiz Mendoza, alertó a los miembros de ese foro sobre la necesidad de cumplir con los debidos procesos a la hora de interponer las multas.
Ese trámite incluye advertir y dar a la concesionaria la oportunidad de corregir los defectos en un plazo expedito. Esto no se cumplió en los procesos anteriores y fue incluso señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo en los procedimientos que se resolvieron a favor de la concesionaria.
Ortiz también recomendó pedirle a la supervisora que las multas sugeridas cuenten con las suficientes pruebas, estudios y análisis técnicos que sustenten la fijación de la cuantía- En ese sentido, recomendó utilizar “parámetros que se ajusten en la ciencia, la técnica, la lógica, la justicia y la conveniencia”.
Recordó que el Tribunal Contencioso anuló el año pasado “completamente” un procedimiento debido a que los jueces determinaron que la multa no estaba justificada.
No obstante, de acuerdo con la secretaria técnica, los fallos en el Contencioso se dieron debido a que los jueces se basaron en una interpretación errónea del régimen sancionatorio, por lo que se determinó que faltaban estudios para sustentar la razonabilidad y proporcionalidad y los costos asociados para el cálculo de las multas.
Según explicó Dahianna Marín, los jueces dejaron sin efecto las multas pues valoraron las cuestiones de razonabilidad basados en contratos de obra pública tradicionales sin considerar las características de un contrato de concesión.
“A nivel contractual, las multas de concesión ya están calculadas en el contrato de concesión. No hay forma de calcularlas. Ahí están y corresponden a una cantidad de salarios y están por cláusulas, es blanco y negro, se cumple o no se cumple”, aseveró la secretaria técnica.
Agregó que todavía tienen una gestión judicial pendiente pues se solicitó revisar las resoluciones tomando en consideración las multas según cláusulas de concesiones.
José Manuel Saénz, quien fue secretario técnico del CNC entre julio del 2019 y mayo del 2022, también dejó constancia en su informe de gestión las debilidades en los procedimientos recomendados por la supervisora del contrato, el consorcio Getinsa Gabinete S. A.
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“La supervisora no entiende que la imposición de multas no es un fin en sí mismo ni es el propósito del contrato. Malinterpreta que se deba abrir un procedimiento por la mera constatación de un hallazgo tipificado en el contrato sin dar oportunidad de corrección por parte del concesionario en un plazo expedito, ni ha aconsejado nunca a la Gerencia de Proyecto para establecer un procedimiento de evaluación que permita aplicar el régimen sancionatorio de manera entendida entre las partes”, citó.
Según detalló, en el 2021 se había llegado al acuerdo de iniciar 17 procesos sancionatorios por hechos registrados en el 2017 por un monto estimado de ¢1.003 millones. Se relacionaban, principalmente, con presuntos incumplimiento con los estándares de mantenimiento y mal estado de las marginales de la vía. Además, citó 10 procesos del 2018 por un monto ¢590 millones por las mismas situaciones.
“Todos estos procesos tomaron su tiempo para intimar pues esta Secretaría Técnica tenía serias dudas en cuanto a la calidad de los procedimientos técnicos aplicados por la supervisora para elevar las recomendaciones de multa a la gerencia de proyecto. La duda más importante es la falta de rigor probatorio en cuanto a los hallazgos que motivaban las multas pues las pruebas eran fotografías de corte general”, agregó.
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La Nación consultó a la actual secretaria técnica sobre el sustento con el que cuentan para interponer cada una de las 600 sanciones mencionadas.
Aseguró que elaboran los expedientes para cada una de las multas apoyados en criterios técnicos, legales y contractuales a fin de que vayan debidamente justificadas.
La urgencia de ampliar la ruta 27 ha sido discutida durante los últimos tres gobiernos sin que se logre una solución al colapso que presenta la ruta desde el 2014.
Durante la Administración pasada el CNC y la concesionaria Ruta 27 avanzaron hasta un 80% en la negociación.
En el actual gobierno no ha habido ningún avance y más bien se anunció la intención de romper el contrato con la empresa como una de las posibles alternativas. Esto implicaría el pago de una indemnización y un aumento en los costos pues además de los $515 millones del costo de las obras, habría que sumar el monto de dicha indemnización.
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El ministro Luis Amador reconoció el 12 de mayo que no ha habido acercamientos para retomar las negociaciones con la concesionaria, pero aseguró que podría ser pronto.
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