El ex secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, fue tajante: la única opción que tiene el país para ampliar la ruta 27 es continuar negociando con el actual operador.
Sáenz, quien estuvo al frente del CNC en el gobierno anterior, aseguró que ninguna de las alternativas citadas por el actual jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, son viables y afirmó que mientras se sigue dando vueltas al tema sin alternativas claras, los usuarios y el país pierden millones de colones por cada día que pasa sin avanzar en el plan de ampliación.
Durante el gobierno pasado, el CNC y la concesionaria Ruta 27 (antes llamada Globalvia), avanzaron hasta un 80% en la negociación. En el actual gobierno no ha habido ningún avance, pero el ministro Amador aseguró que pronto retomarían las conversaciones con la empresa, al tiempo que valora otras opciones.
Sáenz aseguró que los acuerdos logrados comprendían la “parte gruesa” del trato, pues se contemplaron todos los temas técnicos y costos de la obra.
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¿Qué faltó?
Según el ingeniero, lo que quedaba pendiente era “abrir el contrato”, revisar cláusulas, actualizar normativa, definir temas relacionados con multas y la famosa tasa de retorno.
Precisamente, ese es el punto que ha generado mayor disconformidad en la administración de Rodrigo Chaves, pues el presidente ha asegurado en varias ocasiones que no es favorable para el país.
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“La tasa interna de retorno es la tasa propia del concesionario de cuánto le renta el proyecto, ese proyecto tiene una tasa alta para los estándares actuales, pero acuérdese que fue el primer proyecto de concesión que fructificó, entonces el país en aquel momento para poder atraer inversionistas aceptó una tasa alta”, explicó el exfuncionario.
Sáenz ratificó que que la tasa hay que revisarla, pero estimó que del 16% en que está actualmente, lo más que podría bajar es a 14% o 13%.
El viernes anterior, durante una conferencia de prensa, el ministro Amador aseguró que entre las opciones que barajan para dar solución al colapso de la ruta que comunica el Valle Central con el Pacífico, han valorado la posibilidad de rescindir el contrato sustentándose en los incumplimientos de la concesionaria.
Reconoció, sin embargo, que eso implicaría que el Estado tenga que hacerse cargo del costo de la ampliación, por lo que también han buscado otras alternativas, aunque no ahondó en estas opciones.
“Ahí hay manos privadas, entra inversión que no es del Estado y en esa parte es que estamos trabajando”, indicó.
Según Sáenz, esa sería una de las opciones menos realistas, pues además de la inversión estatal, implicaría someter el proyecto a un largo proceso contencioso (en la vía judicial), pues en los últimos años se han enfrentado con problemas para documentar adecuadamente esos incumplimientos, lo cual dificultaría llevar con éxito esa salida.
“Por ahí no es, si creen que con los procesos de multas van a acabar con la concesión, le garantizo que con lo que van a acabar es con una demanda enorme”, agregó.
Por otra parte, la rescisión unilateral del contrato implicaría que la Administración deba indemnizar al concesionario con al menos $350 millones en el escenario más favorable.
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Sobre ese punto, el anterior secretario técnico, Eduardo Chamberlain, quien estuvo en el CNC entre mayo y setiembre del año pasado, explicó en su informe final de gestión, que esa era la salida menos viable, pues habría incluso que pagarle los estudios preliminares que la empresa hizo como parte del anteproyecto de ampliación.
Chamberlain estimó en sus conclusiones que “muy posiblemente” la disputa terminaría en arbitraje internacional. “El futuro de las concesiones quedaría muy comprometido, así como su seguridad jurídica”, advirtió.
Sáenz agregó que en ese caso, si se buscara romper el contrato y entregar la obra a un nuevo concesionario que asuma la ampliación y el monto de la indemnización, solo se lograría encarecer aún más las tarifas, pues el costo de ampliar la carretera seguiría siendo el mismo y habría que sumar el pago a Ruta 27 . Además, implicaría sumar al menos tres años al proceso, mientras se hace una nueva estructuración del proyecto y una nueva licitación.
De acuerdo con estimaciones del ingeniero, las cuales, según dijo, se sustentan en estudios de demanda, información del Lanamme y costos de los combustibles, cada día que pasa sin ampliarse la ruta, el país y los propios usuarios pierden ¢47 millones, lo que significa $31 millones al año, que equivalen casi al 50% de los ingresos por tarifas de peaje que registra la empresa.
“En estos momentos, lo único sensato es seguir con lo que se había empezado. Por ahora, la Administración tiene todo el derecho de investigar qué se actuó, cómo se hizo, qué fue lo que se aprobó. Las cosas quedaron vistas a nivel de Secretaría Técnica, no subieron a la Junta Directiva para una aprobación, pero el trabajo está hecho, la supervisión lo vio, lo vieron los ingenieros, los asesores”, sostuvo.
De acuerdo con el exfuncionario, durante esas jornadas de negociación se logró reducir el costo del proyecto de $636 millones a $515 millones y se mejoraron los estándares de la obra.
Como parte de ese proceso, el gobierno anterior llegó incluso a presentar los diseños y cronogramas en los cuales se ejecutarían las cuatro fases en que se dividió el proyecto.
En esa gestión, no se llegaron a definir tasas de peajes, pero según consta en el informe entregado por Chamberlain, se determinó que para hacer frente a la inversión, los peajes debían subir entre un 25% y 40%.
Además, se había acordado que el máximo que se extendería el contrato sería por 15 años más, adicionales a los 10 que aún le restan a la empresa.
La necesidad de ampliar la ruta 27 fue identificada por primera vez en el 2014, cuando la ruta tenía apenas cuatro años de haberse puesto en servicio. Actualmente se estima, que solo en el peaje de Escazú, pasan cada día más de 100.000 vehículos.
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De acuerdo con el último informe de supervisión, divulgado en agosto del año pasado, el país ya amortizó un 75% de la deuda con la concesionaria.
Aunque el costo de construir la carretera fue estimado en $301 millones, a la fecha el Estado debe alrededor de $650 millones, debido a las fórmulas de deflactación y otros cálculos que se consideraron en el contrato con el que se cedió la operación por 30 años.
Desde la entrada en servicio de la carretera, la empresa Ruta 27 ha recaudado en peajes $778,7 millones.