Cientos de denuncias contra tráficos por supuestos actos de corrupción, expiran porque los denunciantes no se presentan a declarar cuando se les cita a una audiencia.
De 391 denuncias interpuestas el año pasado, el Departamento de Asuntos Internos del MOPT solo pudo aplicar sanciones administrativas en 126 casos.
Cinco de esos expedientes concluyeron con despidos por tratarse de cobros ilegales, conocidas como mordidas. Estas ocurren cuando el funcionario le cobra una suma de dinero a un chofer para evitar que le confeccionen un parte.
En las restantes 265, los quejosos no le dieron seguimiento a la denuncia o no presentaron pruebas.
La situación en este 2014 es similar. Hasta el pasado miércoles, los conductores habían denunciado a 250 oficiales, pero apenas se pudieron concretar 45 procesos y se realizó un despido.
Estas acusaciones las recibe el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), creado con la ley de tránsito vigente desde octubre del 2012.
Rónald Muñoz, director legal del MOPT, explicó que otra razón por la cual el sistema no funciona de manera eficiente, se debe a que los conductores acuden por enojo, no necesariamente porque ocurriera una falta o delito.
“Muchos administrados cuando un oficial de Tránsito les aplica una infracción se enojan y denuncian. Ese tipo de inconformidades se tienen que apelar en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y no contra el tráfico”, manifestó.
De esta forma, el Departamento de Asuntos Internos se satura de casos que no deben ser resueltos allí, y no se concentra en los que están bien fundamentados.
En el ejercicio de sus cargos, los oficiales pueden afrontar sanciones administrativas por las que son suspendidos sin goce de salario hasta por un máximo de 30 días.
Muñoz comentó que la mayoría de sanciones administrativas se aplican porque el tráfico presentó tardíamente los partes que realizó en el día, o bien porque no se presentó a un juicio al que fue citado como testigo.
Si incurrieran en delitos como concusión o abuso de autoridad, podrían resultar con penas de cárcel hasta de ocho años.
‘No es corrupción’. Para Joselito Ureña, representante del sindicato de oficiales de tránsito, el modo en que opera el sistema provoca que “denuncien al oficial por cualquier cosa”. En su criterio, la solución sería hacer un filtro antes de que se inicie un proceso legal.
“Le puedo asegurar que ningún caso es por corrupción. Son puras mentiras de los conductores que se enojan por el parte. La gente cree que el Tránsito es la meca de la corrupción y eso no es así”, aseguró.
El representante del sindicato dijo que debido a la gran cantidad de casos en donde no llega la parte demandante a las audiencias hay una gran pérdida de recursos.
La Policía de Tránsito cuenta con cerca de 900 oficiales, divididos en tres turnos. Y en el país hay 40.500 kilómetros de carreteras, entre nacionales y caminos rurales.
El director legal del MOPT instó a los conductores a no abandonar las denuncias para no dejar en impunidad casos de mordidas.
“No venir hace que se pierdan recursos y no comprobar la eventual denuncia”, enfatizó Muñoz.