La Contraloría General de la República (CGR) rechazó al Gobierno la solicitud de ampliar el contrato con la concesionaria de la ruta 27, Globalvía.
Esto significa que también se frena el que ambas partes llegaran a un acuerdo para evitar el arbitraje planteado por la firma contra el Estado costarricense.
En el arbitraje se iba a discutir la suma que debe reconocerse a la constructora por el precio de la obra, los costos asociados y la rentabilidad asociada.
Para el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la discusión sería resuelta en la adenda que le remitió a la Contraloría para su aprobación; el ente, sin embargo, considera que eso no es “jurídicamente viable”.
Globalvía demandó al Estado en el 2012, cuando pidió la actualización de los montos del contrato por las obras que hizo en la ruta de 76,7 kilómetros.
La Nación solicitó ayer una reacción a la empresa; sin embargo, no hubo respuesta.
En noviembre del año pasado el CNC aceptó que la concesionaria invirtió en obras $258 millones a valores del año 2000, de los cuales, a la fecha, ha recuperado $104 millones, lo que representa un 40% del monto total del costo.
Cifra sin justificación. El arreglo que alcanzaron para poner final al arbitraje establecía el reconocimiento de $44 millones a la concesionaria.
Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), afirmó ayer en el Consejo de Gobierno que respetarán el criterio del ente Contralor y que no girarán recursos a la concesionaria hasta tanto no se corrijan los señalamientos.
La Contraloría, en el documento, le hace ver al MOPT que en la ampliación no se brindaron razones técnicas ni jurídicas para reconocer a Globalvía el monto propuesto en caso de terminar anticipadamente el contrato o cuando concluya el periodo acordado.
También señala que en la solicitud de ampliación del contrato se integraron algunas obras como nuevas, cuando, desde el principio y contractualmente, debían hacerlas.