El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) enviará nuevamente la adenda 6 al contrato de concesión de la ruta San José- Caldera a la Contraloría para su refrendo.
Previo a esto, en el Consejo deberán hacer las correcciones sugeridas por el ente contralor a esta adenda que fue rechazada esta semana.
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Entre las razones por las que fue devuelta sin refrendo, la Contraloría señaló que en la cláusula de ingresos mínimos garantizados, se encontró que los datos de tráfico vehicular en la carretera eran los que se estimaron en 1999, previo a la puesta en operación de la carretera.
Por esta razón pidieron datos más actualizados sobre la cantidad de vehículos que transitan por la vía.
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En ente contralor también determinó que no existe un documento que explique cuál sería el impacto para el Ministerio de Hacienda, en caso de que se requiera de un pago a la concesionaria para suplir gastos que no fueron cubiertos con la concesión y los peajes.
También se cuestiona que la nueva radial de Atenas se había dejado por fuera de las obras adicionales contempladas en el contrato.
"El criterio de la Administración es aclararle a la CGR, que para la construcción de la nueva obra en la radial Atenas, no se requieren terrenos adicionales a expropiar y que la entrada en posesión es para que el concesionario pueda realizar la obra, misma que debe de tener el aval de la Administración".
"Además, indicarle al ente contralor que con esta nueva obra no se sobrepasa el 25% del valor total del contrato, incluidas sus modificaciones, según lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Concesiones", aseguró Silvia Jiménez, secretaria técnica del CNC.
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Añadieron que se insistirá en aclarar y justificar lo referente a obras pendientes de realizar por parte del concesionario, como son: la ampliación de Cajón de Pozos de Santa Ana y el intercambio de La Rita. En ambos casos, la Administración ya cumplió con la liberación de los terrenos para que el concesionario desarrolle estas obras, mismas que tienen plazos de ejecución estimados de 25 y 30 semanas, respectivamente.
Por su parte, la adenda 7 no volverá a la Contraloría. Este documento incluye una conciliación en la que el Estado se comprometió a pagarle $43 millones a la concesionaria para evitar un proceso de arbitraje. Así las cosas, el ente contralor consideró que por tener este tema carácter de cosa juzgada material no requería refrendo.