El proyecto de la ruta San José - San Ramón tiene casi 12 años de haberse iniciado, pero a la fecha cinco terrenos aún se niegan a ceder espacio para la ampliación de la carretera.
Para el proyecto que fue contemplado por la constructora OAS eran necesarios 213 terrenos, de los cuales el Estado ya tiene a disposición 208 (un 98%). Aún hacen faltan cinco expropiaciones para cumplir con la cantidad contemplada en los diseños de la empresa brasileña, que ya no va a desarrollar la ampliación.
Los cinco terrenos que siguen en manos privadas están ubicados entre el Monumento del Agua (La Uruca, San José) y el aeropuerto Juan Santamaría (Alajuela), en la autopista General Cañas.
Los cinco procesos expropiatorios se encuentran en juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, indicó la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El Ministerio enfrenta procesos judiciales porque los propietarios de los terrenos no están de acuerdo con los montos establecidos en los avalúos.
"Se espera que en los próximos 4 meses se dicte en vía judicial las entradas en posesión de los inmuebles en proceso expropiatorio", indicó Ana Lizeth Rodríguez, asesora del ministro Carlos Villalta.
Aunque el Estado logre obtener estos terrenos, no se descartan más expropiaciones. Los nuevos diseños podrían contemplar una carretera con más carriles, lo que haría necesario comprar más propiedades a lo largo de la vía.
En la adquisión de los 208 terrenos que ya están en manos del Estado se invirtieron $35.424.830, con recursos provenientes del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Todos los terrenos adquiridos hasta la fecha fueron incorporados bajo la cobertura de la anterior Ley de Expropiaciones. En el MOPT, esperan que con la reforma a la ley —aprobada en octubre del 2014— las adquisiones adicionales se tramiten con mayor celeridad.
Con la nueva normativa, si la persona no está de acuerdo con el dinero ofrecido por el Estado, puede acudir a los tribunales, pero ya sin tener posesión del terreno. Anteriormente, el propietario conservaba el inmueble hasta que el caso se resolviera vía judicial.
La ruta de 56 kilómetros entre San José y San Ramón la componen la autopista General Cañas y la carretera Bernardo Soto.
La General Cañas consta de 13,9 kilómetros, que van desde el cruce de la agencia Datsun (San José) hasta la intersección del Aeropuerto Juan Santamaría. La Bernardo Soto tiene 42,4 kilómetros, desde el aeropuerto hasta la entrada a San Ramón.
12 años de espera. El 1 de octubre del 2004 el gobierno de Abel Pacheco firmó el contrato con la empresa de capital mixto Autopistas del Valle para la rehabilitación y ampliación de la ruta entre la capital y el cantón de San Ramón.
En 9 años a cargo de la concesión, Autopistas del Valle no pudo obtener los recursos financieros para construir la vía, valorada en ese momento en $530 millones. Debido a eso, el 10 de marzo del 2013, la Contraloría General de la República aprobó la cesión de derechos del contrato a la constructora brasileña OAS.
Luego de semanas de protestas por el costo de la obra y los peajes, protagonizadas por los vecinos de la zona de occidente del Valle Central, el 22 de abril del 2013, la entonces presidenta Laura Chinchilla anunció por medio de una cadena nacional el fin del contrato con OAS.
El Gobierno decidió que el proyecto ya no se iba a realizar bajo la figura de la concesión, y en lugar de eso, se utilizaría un fideicomiso para financiarlo.
El 5 de febrero del 2015, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley que creó un fideicomiso por $473 millones para la construcción de la carretera.
El pasado 12 de febrero, el Conavi adjudicó el fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR), que estableció un costo de $210.000 por su administración.