El nombre de Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), es, quizá, el que más veces se repite en el expediente de 574 páginas, bajo el cual se tramita la causa del llamado Caso Cochinilla, relacionado con corrupción en obras viales.
Solís, quien trabajó más de 30 años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aparece citado en múltiples ocasiones en el informe, cuando se detalla el recibimiento de dádivas. Pero también figura como enlace directo con altos mandos de las constructoras ligadas a la pesquisa.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) evidencia, en la prueba recabada a través de escuchas telefónicas, que cuando Solís trabajaba en el Conavi mantenía una relación tan cercana con representantes de esas compañías, que le permitía solicitarles dinero, carne y chorizo para la fiesta de Navidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), reunirse para almorzar, ver partidos de fútbol y hasta compartir intimidades.
Solís Murillo es administrador de empresas con énfasis en contaduría pública e ingresó a trabajar en el MOPT en 1991, donde ocupó puestos directivos y jefaturas relacionadas con el área financiera. Ahí se mantuvo hasta agosto del 2001 fecha en que llegó al Conavi.
Dentro de ese consejo también ocupó cargos como jefe de análisis financiero y ejecución presupuestaria, director administrativo, subdirector ejecutivo y director financiero.
En dos ocasiones, Solís quedó al mando del Conavi pues fue nombrado como director ejecutivo interino en el 2003, tras la salida del entonces jerarca José Luis Salas, y en el 2017, cuando Germán Valverde dejó el puesto para pasar a ministro del MOPT.
Actualmente, Solís está pensionado.
En el expediente judicial, la Fiscalía indica que Solís abusó de su cargo como gerente financiero para realizar actos como intervenir para apurar el pago de facturas de las empresas que le ofrecían dádivas.
También, agrega el informe, intervino para realizar modificaciones presupuestarias en favor de las constructoras, incluir montos falsos en órdenes de servicio, trasladar recursos de distintos destinos y privilegiar a esas compañías con información financiera relativa a procesos de contratación no adjudicados.
Solís fue quien pidió una a una a las empresas la “colaboración” para una fiesta de empleados del Conavi que tuvo lugar en el centro de recreo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Coronado, San José, el 29 de noviembre del 2019.
El expediente detalla que compañías como H Solís, MECO, FCC, Cacisa, Hermanos Bustamante, Dicooc y Also Frutales, habrían aportado montos de entre ¢200.000 y ¢600.000, así como aportes en especies como cervezas, carnes, tortillas y licores variados.
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La relación cercana que tenía con los empresarios le permitió, en al menos dos ocasiones, solicitar que ubicara a allegados suyos en puestos tanto en MECO como en H Solís.
También, de momento, este es el único de los detenidos al que se le asocia con posibles favores sexuales que habrían sido pagados por las empresas en retribución por sus acciones en la función pública.
Según el expediente, Carlos Solís Murillo “ha demostrado hasta el momento, ser una persona altamente manipulable ante las motivaciones sexuales y etílicas que se le presenten”.
De los datos incluidos en el legajo se extrae que habría recibido al menos $2.000 provenientes de H Solís a cambio de una modificación presupuestaria y por pagar de forma expedita facturas del proyecto de Circunvalación norte.
En otro apartado se mencionan otros $3.000 de esa misma empresa en retribución por una modificación presupuestaria.
También para esa misma empresa habría realizado ajustes en contratos de trabajo a su conveniencia.
Entre los montos que el OIJ logró acreditar se mencionan que habría aceptado ¢300.000 de parte de MECO, ¢100.000 de LGC, ¢150.000 de Constructora El Guarco y ¢100.000 de Grupo Almendro.
Estas serían retribuciones por haber logrado el pago expedito de facturas que las empresas tenían presentadas ante el Conavi.
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A esto se suman numerosos almuerzos en restaurantes costosos y pago de cuentas en bares no tan exclusivos.
Igualmente, se citan un viaje con gastos pagos a un hotel en Jacó, Puntarenas, y los gastos de un paseo a Puerto Viejo de Talamanca, Limón, a donde se acompañó de otros funcionarios, botellas de whisky y otro tipo de regalías.
“Entre Ios meses de noviembre y diciembre del 2019, el investigado Carlos Solís Murillo recibe constantemente dádivas dadas por los gerentes y colaboradores de MECO, Alejandro Bolaños Salazar, (Gerente Comercial y Representante legal de MECO), Abel González Carballo (Gerente de Operaciones de MECO) y Tobías Arce Alpízar (intermediario entre empresas y Conavi), consistentes en la entrega de licores, el pago de almuerzos costosos, pago de servicios sexuales, patrocinio para la fiesta del Conavi, así como mensualidades en efectivo”, indica el legajo.
Tras esa aseveración, el documento lo cita como un funcionario que estaba “siempre al servicio de los intereses de MECO”.
En repetidas ocasiones, el expediente señala que gracias a los actos indebidos de Solís Murillo, empresas como MECO y H Solís lograban el pago de facturas por miles de millones, correspondientes a trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras, las cuales recibían trato preferencial y expedito dentro del departamento.
Hueco presupuestario
Según relata la causa judicial, en diciembre del 2019, Carlos Solís Murillo y otro de los encausados identificado como Francisco Molina Salas, quien es director financiero del MOPT, dirigieron las solicitudes presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda para lograr la aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢51.000 millones, de los cuales Solís usaría una parte para cubrir los fondos malversados en el Conavi.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien influiría sobre el ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro lsaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos”, indica el recuento judicial.
Añade que, nuevamente en julio del 2020, el gerente de Adquisiciones del Conavi habría dirigido una moción presupuestaria ante la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la que planteó la aprobación de ¢22.500 millones.
Una parte se usaría para cubrir el déficit que para entonces era de ¢42.000 millones a causa de los dineros malversados en el Conavi y así poder continuar destinando los fondos a conveniencia, según los intereses de las empresas contratistas, dice el expediente.
Carlos Solís Murillo fue detenido el lunes 14 de junio durante los allanamientos que tuvieron lugar de manera simultánea en el Conavi, las oficinas de las empresas investigadas y casas de habitación de funcionarios y empresarios.
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Contra estas personas se sigue una causa bajo el expediente 19-000025-1218-PE por los delitos de cohecho, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y otros en perjuicio de los deberes de la función pública y otros.