Al menos 50 desarrollos de vivienda, comerciales y de industria esperan la autorización de la cuestionada Comisión de Carreteras de Acceso Restringido, para construir vías o pasos peatonales desde rutas primarias y poder así completar sus obras.
En la lista de proyectos entregada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a solicitud de La Nación, aparecen desarrollos constructivos con hasta ocho años de espera por el aval de ese órgano técnico. Eso sí, en algunos casos han sido retrasados por incumplimientos de requisitos o ajustes en los diseños.
En el documento figuran gasolineras, supermercados, condominios, parqueos públicos, zonas comerciales y parques empresariales.
Este grupo fue recientemente intervenido por el jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez, quien removió a los miembros que representaban al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), por considerar que su participación en este foro no tenía sentido. En su lugar, incluyó a funcionarios de la Dirección de Puentes y de la Secretaría de Planificación de ese ministerio.
Amador aseguró que la intención de “llevarse” la Comisión a la rectoría del MOPT, se sustentó en la necesidad de tener mayor control en la parte de ingeniería de tránsito por el impacto que tienen estos desarrollos en los accesos de los vehículos. Además, dijo, era necesario tener expertos en puentes porque en muchas de las construcciones es necesaria la edificación de pasos elevados.
“Ocupamos ver temas de que si hay otra carretera planificada donde se pongan los accesos, no vaya a tener un conflicto, ahí entra la Secretaría de Planificación”, agregó el jerarca.
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La atención sobre esta comisión surgió luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, comentara durante una conferencia de prensa el caso de una empresa que llevaba 24 meses esperando por el permiso para habilitar el acceso hacia la Interamericana Norte. La compañía, según afirmó, daría empleo a unos 5.000 costarricenses.
Posterior a la crítica, el jerarca del MOPT anunció los cambios en la integración del grupo.
La empresa a la que hizo mención Chaves es Evolution Free Zone, la cual anunció el viernes anterior que comenzaría la construcción del parque empresarial en Tacares de Grecia, durante el segundo semestre de este año.
De dos a tres proyectos
De acuerdo con el ministro Amador, la intención es que a partir de esta semana la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido atienda de dos a tres proyectos por semana, a fin de agilizar la larga lista de obras en espera.
A su criterio, los desarrollos pequeños deberían tener aprobados los diseños conceptuales en un mes y, en un plazo no mayor a tres meses, el acceso completo.
En el caso de obras más grandes el plazo total no debería tomar más de seis meses, estimó el jerarca.
Además, informó, se ordenó revisar la normativa en la que se establecen las condiciones que deben seguir los desarrolladores cuyos proyectos involucran accesos a rutas primarias, así como sus efectos en la seguridad vial.
Otra de las medidas es que para agilizar las resoluciones se priorizarán los proyectos más antiguos.
“La idea es acelerar ese ritmo de trabajo. En todas las ocasiones que pueda voy a estar yo, como presidente de la Comisión, intermediando y negociando para que salga lo más rápido; una de las prácticas es tener reuniones con desarrolladores para ver las cosas que hacen falta y que sea mucho más ágil la forma en que ellos responden”, sostuvo.
Labor deficiente
Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, calificó como positivo el cambio en la integración del foro. Espera que con los ajustes anunciados se logre agilizar el trámite de permisos pues, en su criterio, el desempeño que ha tenido hasta ahora la comisión ha sido deficiente.
“Indudablemente ha afectado el desarrollo de múltiples proyectos al frenar los trámites de permisos, situación que encarece las obras y desincentiva la inversión”, dijo.
De acuerdo con el representante de la Cámara, actualmente no es posible estimar un plazo para lograr la autorización para la construcción de accesos, lo cual genera una “enorme inseguridad jurídica” que impacta negativamente el clima de negocios del país.