Pocos recuerdos de Nicaragua perduran en las memorias de Antonio y Juan (nombres ficticios). De sus 16 y 17 años de vida, 15 de ellos han sido en Costa Rica.
Desde que migraron al país con su mamá, María Isabel Jiménez, no han vuelto a Nicaragua. En parte, por carecer de documentos que garanticen su ingreso de vuelta al lugar que para ellos hoy es su hogar.
Tras concluir sexto grado aquí, los hermanos acudieron al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para aprender un oficio que aliviara las carencias de su familia.
Sin embargo, al intentar matricularse en febrero, se toparon con puertas cerradas. ¿Por qué?
Pese a tener los requisitos académicos necesarios, ambos carecen de los documentos migratorios que exige el INA: cédula de residencia, carné de refugiado con permiso temporal de trabajo, un permiso temporal de trabajo o una visa temporal de estudio.
“Ellos hubieran estudiado lo que fuera. Querían un oficio; ahorita no tienen ni para pagar sus pasajes en el bus para ir al colegio”, explicó Jiménez, jefa de hogar.
Carlos Sandoval, de la ONG Meriendas y Zapatos e investigador de temas migratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR), intercambió cartas con Roberto Mora, subgerente técnico del INA, quien sostiene la negativa a dar estudio a estos y otros jóvenes en condiciones similares.
“Hemos coincidido en que los esfuerzos deben dirigirse a la regularización de estas poblaciones con el fin de brindarles los servicios en igualdad de condiciones”, dijo Mora en una misiva.
Para Sandoval, esta posición contradice la del Ministerio de Educación Pública (MEP), que sí acoge a menores indocumentados.
“Por un principio de legalidad jurídica no pueden darles matrícula. Sin embargo, siendo que la normativa internacional es de mayor rango que cualquier norma interna, el INA está obligado a darles matrícula”, dijo el académico.
La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, establece la obligación de los Estados de fomentar la enseñanza secundaria, incluida la general y la profesional, en igualdad de condiciones.
Sandoval reiteró que la petición no es que se levanten requisitos académicos, sino asegurar que la falta de papeles no sea un obstáculo para menores que sí calificarían.
Este mismo criterio lo compartió Raquel Zúñiga, abogada voluntaria de la ONG, quien dijo que esta población es particularmente vulnerable por tratarse de niños, migrantes e indocumentados.
“Aunque el Estado es soberano para controlar quién entra y permanece en su territorio, también está obligado a garantizar el cumplimiento de normas de derechos fundamentales ”, dijo la abogada.
Francisco Marín, presidente ejecutivo del INA, confirmó los requisitos, pero dijo estar dispuesto a analizar la situación.
“Si es de hacer una reunión, yo mismo la puedo propiciar con Migración, Gobernación y el MEP, para que, de manera conjunta, homologuemos los criterios en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales”, dijo Marín.
El ministro de Educación, Leonardo Garnier, defendió la política del INA, al considerar que la educación técnica no es un derecho, sino una oportunidad.
“Tan es así que ni siquiera la Contraloría nos permite contabilizar el presupuesto del INA como parte del presupuesto del sector Educación”, manifestó Garnier.
El ministro considera “válida y legítima” la discusión en torno al tema, pues opinó que podría ser un mecanismo para combatir la delincuencia y aumentar la productividad del país.
La Defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, aseguró que ya se han realizado gestiones ante el INA sin obtener una respuesta. “Estos son derechos fundamentales. Regular o no, a nosotros la parte migratoria no nos concierne, sino el derecho a la educación que está siendo vulnerado en este caso”, manifestó Taitelbaum.