Las empresas privadas que venden electricidad al ICE aseguran que podrían aumentar su capacidad de generación si el país lo necesita, pero que el Instituto no aprovecha esa posibilidad.
Según José Corrales, secretario de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, dichas compañías podrían en este momento generar 25 megavatios más con solo que el ICE les permita operar sus plantas al máximo, más allá de lo que dicen los contratos de venta de energía.
Estos 25 megavatios representan, por ejemplo, la mitad de la capacidad adicional que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere en el 2006 para reducir el riesgo de apagones.
Corrales añadió que el sector privado podría duplicar su capacidad actual, de acuerdo con los topes permitidos en las leyes de cogeneración eléctrica. Hay proyectos por 400 megavatios que se construirían en tres años, dijo.
Pensar en el usuario. Carlos Manuel Obregón, subgerente de Electricidad del ICE, explicó al respecto que el Instituto busca aumentar la capacidad de generación por medio de los mecanismos financieros que más convengan a los usuarios.
Indicó que para cada necesidad de energía se analiza la oferta de dinero y se vela porque los proyectos afecten lo menos posible las tarifas. Esto, por cuanto existen otras posibilidades, como la construcción de plantas propias.
Las cogeneradoras (como se le llama a estas empresas) entraron a operar en 1993 por medio de dos leyes que autorizaron al ICE a comprar a privados el 30% de la capacidad eléctrica del país. Sus contratos son por 15 años.
Hoy, la capacidad total del país es de 1.961 megavatios. El ICE podría contratarle a las cogeneradoras hasta 588 megavatios, pero solo le compra 300 megavatios.
En cuanto a la generación real, los privados producen el 13,3% de la energía del país, según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Mientras tanto, el monto que el ICE destina a las compras de energía del ICE a esas empresas (¢40.000 millones este año) representan el 18% de los ingresos tarifarios que el instituto tendrá en el 2005.
Sin embargo, Corrales alegó que el precio de venta de las cogeneradoras (que oscila entre los $0,05 y los $0,07 por kilovatio) es muy similar al de una planta nueva del ICE, aunque el costo promedio de producción del Instituto es de $0,03.
Peligro futuro. Un informe de la Aresep, del 4 de noviembre, destaca el pronto vencimiento de las concesiones de uso de agua de las cogeneradoras hidroeléctricas.
En caso de no renovarse esos permisos, habría un efecto negativo para satisfacer la demanda del país, indica el documento.
El problema es que existe un vacío legal sobre las concesiones, pues cuando la Asamblea Legislativa transformó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Aresep le quitó esa potestad y no se la asignó a nadie, dijo Corrales.
Cuatro generadoras ya dejaron de aportar al sistema nacional porque se les venció la concesión.
Ellas son Hacienda San Rafael (Naranjo), Compañía Eléctrica Sarchí (Valverde Vega), Hidroeléctrica Pejibaye (Jiménez) y Ganadera Montezuma (Tilarán). Entre todas, daban 1,7 megavatios.
En los próximos cinco años vencerán las concesiones de otras 11 generadoras que producen 69,5 megavatios. Luego, entre el 2011 y el 2024 vencerán las de otras 14 que dan casi 166 megavatios.
Siete más no tienen problema con la concesión de aguas pues generan con vapor, viento o bagazo de caña. Ellas producen en conjunto 82,9 megavatios. Obregón, subgerente del ICE, sostuvo que esas plantas no deben desperdiciarse.
En cuanto a la posibilidad de renovarles los contratos, indicó que como esas plantas se hicieron en sustitución de los proyectos del ICE, podrían seguir suministrando servicio pero con tarifas fijadas por la Aresep y a un precio al costo.
Al respecto, Corrales dijo que ellos estarían de acuerdo en continuar con la generación, pero con tarifas ofertadas de acuerdo al movimiento del mercado.