Texto original publicado por La Nación el 4 de mayo de 1971.
Ayer a las 6:05 p. m. nació oficialmente el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). A esa hora el señor Presidente de la República don José Figueres firmó la ley del IMAS en presencia del doctor Manuel Aguilar Bonilla, primer vicepresidente, el licenciado Carlos Manuel Coto Albán, ministro de la Presidencia; el licenciado Danilo Jiménez Veiga, ministro de Trabajo y el licenciado Oscar Arias Sánchez, asesor presidencial, así como la prensa.
“Bueno, acaba de nacer el IMAS”, dijo Figueres tras la firma.
“Esto no es copia de nada existente en otro país. Está hecho digámoslo a la tica”, indicó el presidente.
En otras noticias:
La Contraloría General de la República ha concluido un estudio en la Junta de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional, que deja como saldo una grave situación, dijeron fuentes de ese organismo.
Entre los aspectos fundamentales se puntualiza en el informe rendido por los auditores, que dos exfuncionarios de la junta se apropiaron indebidamente de fondos pertenecientes a esta por un monto de ¢85.062.35.
Señaló nuestro informante que dichos exfuncionarios fueron enjuiciados oportunamente por los tribunales.
Se nos informó que entre la modalidad aplicada para hacer posible el desfalco, se anotan las siguientes:
a) Emisión de cheques sin justificantes por casi ¢30.000; estos cheques fueron girados a nombre de los exfuncionarios;
b) se emitieron cheques por más de ¢2.000 a favor de personas inexistentes, según se comprobó en el Registro Civil, los cuales fueron hechos efectivos por un exempleado;
c) por otra parte se hicieron cheques por más de ¢10.000 a nombre de personas existentes pero falsificaron el endoso, para esto ocuparon los servicios del mismo exempleado,
d) de igual manera se comprobó que algunos colegios y escuelas particulares que por ley deben cotizar al fondo de pensiones del magisterio, emitieron cheques a favor de la junta, y resultó que algunos de estos cheques se hicieron efectivos por exfuncionarios de la junta, no llegaron en consecuencia a engrosar el fondo dicho.
Nuestro informante dijo que el resultado de este informe, en el cual laboraron durante varias semanas los auditores de la Contraloría, fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la República y de la propia junta, haciéndose a esta última una serie de recomendaciones.
Se expeditó el camino de la pena de muerte
La Corte Suprema de Justicia ha allanado el camino para la aplicación de la pena de muerte pero muchos gobernadores y funcionarios de las prisiones indican que pocos condenados serán afectados inmediatamente.
Muchos de los 651 condenados a muerte en 32 estados están todavía apelando sus sentencias. En algunos estados los que han agotado las posibilidades de apelación recibirán pronto la fecha de ejecución.
En otros estados los funcionarios dicen que no ejecutarán a nadie hasta que la Corte decida sobre la constitucionalidad de la pena de muerte misma.