Melvin Jiménez, el hombre pilar del gobierno de Luis Guillermo Solís, podrá continuar sus funciones como ministro de la Presidencia sin perder su condición de presbítero de la Iglesia protestante luterana, de la que incluso es obispo.
Seis meses después del cuestionamiento formal de un ciudadano afín a la Iglesia católica, la Sala IV decidió, en una votación dividida, que solo los clérigos católicos tienen impedimento de ser ministros.
Jiménez, teólogo y sociólogo de profesión, queda entonces exento de la limitación establecida en el artículo 149 de la Constitución Política, que señala que los jerarcas de ministerios deben pertenecer al estado seglar; es decir, que no sean clérigos.
La mayoría de magistrados apoyaron la tesis de que la restricción exclusiva a los clérigos católicos está basada en razones “histórico-constitucionales” que no se detallaron en el “por tanto”, dado a conocer este miércoles.
Así queda validada la justificación dada por el presidente Luis Guillermo Solís para nombrar a Jiménez, su hombre de más confianza y jefe de la campaña, quien ahora hace de vocero del Ejecutivo, enlace con el Congreso y coordinador de todo el equipo de ministros.
Desde un principio, Solís alegó que los autores de la Carta Magna fijaron la norma pensando en limitar el acceso del clero católico, que en esa época era predominante. Asimismo, el mandatario señalaba que, por ser la religión católica la oficial del Estado, el artículo 142 de la Constitución solo se refiere a sus presbíteros.
La resolución de la Sala IV no entra a dilucidar siquiera si Jiménez ejerce o no como obispo de la Iglesia luterana, o si los luteranos dan un significado particular a la palabra “clérigo”, como explicó esa congregación en una nota del 27 de octubre a los magistrados.
Esto lo reiteró ayer Jiménez, quien celebró el fallo y dijo que siempre estuvo seguro de la legalidad de su nombramiento. Además, dejó la puerta abierta a retomar funciones obispales cuando salga del Gobierno. “Soy un servidor de Dios. Estaré donde él me coloque”, dijo a periodistas.
La decisión del tribunal constitucional, sin embargo, no fue unánime. Dos votos dieron la razón al ciudadano Álvaro Orozco, el abogado ligado a la Iglesia católica que presentó la impugnación constitucional.
Fueron los magistrados Luis Fernando Salazar y Nancy Hernández, para quien “queda comprobado fuera de toda duda que el ministro Jiménez no pertenece al estado seglar”.
“Forma parte de una organización religiosa con ordenación y está autorizado para impartir sacramentos, características que definen, por oposición, el estado seglar”, argumentó Hernández.
Mayoría manda. Mientras el magistrado instructor, Paul Rueda, consideró que no cabía discutir esta acción de inconstitucionalidad (por estar basada en un recurso de amparo presentado antes de que Jiménez asumiera como ministro), cuatro compañeros suyos se inclinaron por validar a Melvin Jiménez.
Esos cuatro magistrados estimaron conveniente interpretar de manera “restrictiva” la prohibición constitucional. Es decir, reducir al máximo su efecto, dado que se trata de una limitación al derecho humano de acceder a funciones públicas.
“Cuando los derechos humanos se encuentran regulados de una manera más amplia y beneficiosa para las personas en el Derecho Internacional, este prima sobre las disposiciones constitucionales”, dice el voto.
Ya no cabe apelación a esta decisión, con lo cual Jiménez queda habilitado para seguir sus funciones en Zapote, las cuales han recibido críticas, entre esas por anunciar a mediados de octubre, cientos de despidos en el banco Citi, aunque después se desdijo.
Tampoco tiene incidencia alguna el pronunciamiento de julio pasado que hizo la Procuraduría General de la República (PGR), cuando consideró inconstitucional el nombramiento de Jiménez, alegando que él debe obediencia a su Iglesia y que eso podría entrar en conflicto con la defensa que debería hacer de los intereses generales del Estado.
El obispo católico Francisco Ulloa, calificó de “discriminatoria” la interpretación “restrictiva” que hizo la Sala IV del artículo 142 de la Constitución.
El presidente Solís no emitió ayer opiniones sobre este tema. Colaboró Natasha Cambronero.