Pegar el grito al cielo o pasársela refunfuñando ante sus allegados han sido, desde hace muchos años, las únicas reacciones a que usted ha tenido derecho cada vez que se anuncia un nuevo aumento en la tarifa de algún servicio público.
Es por esto que le conviene saber que esta situación está a punto de cambiar drásticamente, debido a que la Asamblea Legislativa aprobó ayer -en primer debate- el proyecto de transformación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE). Mañana será sometida a segundo debate, a partir de las 9 p.m.
Se trata de la iniciativa que creará la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entidad que tendrá la obligación de atender las objeciones que los usuarios con "interés legítimo" presenten para cuestionar los estudios técnicos en los que se sustenten las alzas de precios.
Mas, no solo a asuntos de carácter económico podrán oponerse los ciudadanos. También habrá lugar para quejarse, en audiencias públicas, contra la calidad de los servicios recibidos en materia de electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, combustibles, aguas nacionales, riego y transporte.
Los taxistas también resultarán favorecidos. Según el transitorio, los permisionarios que a la entrada en vigencia de esta ley se encuentren gozando de un permiso de transporte público y cumplan los requisitos solicitados cuando se les otorgó esta autorización, conservarán su derecho por un plazo de 36 meses más.
Entidad autónoma
Además de respaldar esta gestión, la Asamblea Legislativa dejó en firme un nuevo Código de Procedimientos Penales pues le dio el visto bueno en segundo debate. Solo resta que aparezca publicado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia.
Uno de los cambios más importantes que introduce esta nueva ley -que recibió primer debate el martes anterior- consiste en trasladar los procesos de instrucción de los juzgados de instrucción a manos del Ministerio Público. Los jueces se encargarán de supervisar la indagación.
Asimismo, la víctima de un hecho punible podrá asumir el papel de acusador; tarea que ha sido competencia exclusiva del Ministerio Público hasta el día de hoy.
La iniciativa es un eslabón más de una cadena de cambios del sistema judicial.
Sobre la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el diputado socialcristiano Rodolfo Brenes -miembro de la comisión de reforma del Estado- destacó el hecho de que esta será una institución autónoma; es decir, ajena a la intervención del gobierno de turno.
Entre tanto, la liberacionista Sandra Piszk, integrante también de dicha instancia legislativa, explicó que esta ley no suplanta a la administración activa de las instituciones que otorgan permisos para prestar determinados servicios.