La falta de una rectoría que articule los programas sociales y la definición de políticas firmes son dos de las principales falencias a las que hace referencia un informe de la Defensoría de los Habitantes, como causales de que la pobreza lleve más de 24 años estancada.
Dicho informe señala que desde 1994 la rectoría del sector social ha pasado por distintos ministerios e incluso la Vicepresidencia de la República, sin que se logre un ordenamiento que permita que la atención se vea reflejada en los índices de pobreza.
Además, ese mismo desorden provoca que en muchas ocasiones se repitan atribuciones y responsabilidades, a causa del traslape de leyes y decretos que definen esas funciones.
“Recursos hay. La otra pregunta que falta es ¿lo estamos haciendo bien? Eso nos lleva a revisar la institucionalidad, que en materia del sector social es robusta, pero es atomizada, fraccionada, sin una articulación que permita alinear las instituciones y los problemas sociales efectivos, para que tengan el efecto deseado, que es la superación de la pobreza”, explicó el defensor adjunto Juan Manuel Cordero.
El funcionario apuntó que, a pesar de que se invierte casi el 25% del producto interno bruto con ese objetivo y que actualmente hay unos 46 programas sociales, el país mantiene un 20% de su población en pobreza básica y un 6% en pobreza extrema.
“Las instituciones que los ejecutan no tienen un ente rector; en el sector (social) la rectoría ha brincado de un lugar a otro según la promesa política del momento, porque no hay nada que obligue al gobernante de turno a asignar una rectoría firme”, añadió.
Actualmente, dicha dirección recae jurídicamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según lo establecido en su ley orgánica. Sin embargo, durante más de 30 años, ha coexistido con otras.
Estructura limitada
En el caso de la Administración anterior, fue asignada vía decreto al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como ministro sin cartera de Bienestar Social y Desarrollo Humano, condición que precisamente le resta la estructura necesaria para comandar el sector.
“Constituye un atajo jurídico para cumplir con la norma que atribuye la dirección superior a presidente y ministro, pero es cuestionable en términos de la eficacia administrativa, pues ese ministerio rector sin cartera ha carecido de los recursos legales y administrativos para cumplir su alto mandato”, específica el informe de la Defensoría.
El defensor adjunto añadió que otro de los problemas radica en que existen programas sociales que no reciben la adecuada difusión, por lo que los recursos no se aprovechan.
Mientras, en otros casos la oferta institucional está tan “atomizada” que se dificulta que quienes lo necesitan puedan acceder a dichas ayudas.
Por ejemplo, una familia en necesidad extrema debe acudir a más de cuatro entidades y completar un sinfín de requisitos para contar con apoyos básicos, como un bono de vivienda, una beca escolar y un subsidio económico.
“Comprendemos que haya instituciones especializadas en la materia, no se pueden fusionar, pero sí que haya una simplificación de trámites para la gente menos favorecida. ¿Por qué solo hablamos de simplificación de trámites para la empresa y no para la gente a la que le resulta más caro? A veces la gente no tiene (dinero) para trasladarse, no pueden llegar siquiera a las oficinas del IMAS“, dijo Cordero.
Asimismo, este entrabamiento también se presta para abusos.
En este caso, uno de los esfuerzos dirigidos a evitar filtraciones y procurar que las ayudas lleguen a quienes lo requieren radica en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube), cuya finalidad es centralizar las bases de datos relacionadas con programas sociales.
Dicha plataforma se está desarrollando desde hace más de cuatro años y actualmente solo ha podido integrar la información de siete instituciones, de cerca de 18.
Sin embargo, en la administración anterior, el IMAS defendió que se trataba de las bases de datos más amplias.
Entre las recomendaciones emitidas en el informe del ente defensor destacan la formulación de un proyecto de ley que precise el cargo público o institución que ejercerá la rectoría del sector estatal y que además defina sus competencias y responsabilidades.
Además, sugiere a la ministra de Planificación Nacional emitir un plan estratégico a nivel de todo el país que incorpore principios y prácticas de “buen gobierno”, tomando en consideración las obligaciones del Estado en derechos humanos.
De igual forma, al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social se le recomienda formular un plan nacional sectorial.
La Nación consultó a los jerarcas de Trabajo y Planificación, Steven Núñez y Pilar Garrido; sin embargo, en ambos casos se informó mediante sus oficinas de prensa que aún se encuentran en procesos de reacomodo luego de asumir sus cargos, por lo que no han podido analizar dicho informe.
Tampoco se obtuvo respuesta de la nueva jerarca del IMAS, María Fulmen.