La presión del comercio y la demanda de armas en Costa Rica compiten contra la intención de las autoridades por controlarlas.
En medio, un interés fuerte de ciudadanos por comprar armas para su seguridad y una ley deficiente (número 7.530) que varios sectores quieren modificar, pero por razones distintas.
Ese es el escenario legal de las armas de fuego en el país, a pesar de la abundancia de ellas, con más de 450.000 en el ámbito ciudadano y también entre delincuentes, que cada vez cometen más crímenes con ellas.
Mientras dos proyectos ley cumplen el rito de la espera por años en la Asamblea Legislativa, las autoridades de Gobierno acuden a medidas menores para ir tapando huecos legales.
La última de ellas, firmada por el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, ordena a la Dirección Nacional de Armamento no autorizar permisos de importación de ciertas armas permitidas por la ley solo por su apariencia, en caso de que se asemejen a otras prohibidas.
El argumento es que esas similitudes “hacen incurrir en error a las autoridades policiales y a la población, al confundir dichas armas con fusiles de asalto o armas militares, lo que conlleva al incremento de sensación de inseguridad, si esas armas cayeran en manos de la delincuencia”.
Esto se establece en el acuerdo 180 214-MSP, que rige desde el 10 de julio pasado.
También, en marzo del 2012 Gamboa, como viceministro de Seguridad, había emitido una directriz para rechazar el permiso de portación de armas de fuego a personas con antecedentes policiales, aunque nada se les hubiera comprobado en un juicio.
“Eso ha dado buenos resultados” dijo Wílliam Hidalgo, director general de Armamento, a pesar de que asociaciones de ciudadanos pro armas consideran que esa medida lesiona la presunción de inocencia judicial.
En este momento, las autoridades estudian más cambios normativos en materia de armas, pero mediante reformas al reglamento de la ley vigente, sin que esta cambie.
“Queremos tener más regulación sobre las armas menos letales”, dijo Wílliam Hidalgo, consciente de que cualquier reforma a la ley 7.530 tardará en llegar.
A paso lento. Hay dos propuestas en la Asamblea Legislativa. Una la presentó el gobierno anterior con una intención restrictiva y tiene el expediente número 18.050 .
La otra, con el expediente 17.977, es más proclive a las armas de fuego como método de defensa de los ciudadanos, aunque propone el endurecimiento de las penas a quien viole la ley en esta materia. La impulsaron diputados del Movimiento Libertario del período anterior.
El proyecto 18.050, en cambio, habla de impulsar una “cultura de paz” y considera que un arma de fuego en manos de un ciudadano particular, debe verse como una concesión de un derecho que solo le pertenece al Estado.
La propuesta dice que nadie podrá tener más de un arma. Esto es objetado por el grupo Pro Defensa. “Nadie es más responsable por tener solo un revólver ni más delincuente por tener tres”, dijo Mauricio Alvarado, vocero de esa organización, que niega vínculo alguno con vendedores de armas.
Este proyecto también prohíbe importar juguetes idénticos a armas de fuego y obliga a un ciudadano a demostrar “fehacientemente” que necesita un arma para garantizar su seguridad, en caso de que esté solicitándola con este objetivo.
Mientras estas opciones toman forma en un debate político, al margen de eventos puntuales que suelen activar la discusión sobre las armas, hay empresas que promueven “ armas de fuego no letales ” y las venden de una manera atractiva: “no requieren permiso de portación”.
Estos aparatos son idénticos a las pistolas reales, pero no disparan una bala, sino una cantidad de gas pimienta suficiente para paralizar a la víctima por hasta 45 minutos, según la publicidad de la empresa importadora, con tienda en San José.
Ya las autoridades del Ministerio de Seguridad tiene la mira puesta en estos aparatos. “Son un peligro, porque al verlos parecen armas reales, incluso algunas de grueso calibre y no están dentro de una regulación de la ley”, dijo Wílliam Hidalgo.
“Sabemos quién las trae y toda la información, pero queremos una regulación más estricta. Estamos en un proyecto de reforma al reglamento. En un mes podríamos tenerla”, agregó.
En Costa Rica hay más de 450.000 armas en manos de ciudadanos, empresas y delincuentes, informó ayer La Nación . Esto incide en la duplicación de la cantidad de delitos a mano armada en solo cuatro años.