La junta interventora que el Gobierno impuso en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), denunció penalmente a los alcaldes de Osa y Coto Brus, Jorge Alberto Cole, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rafael Ángel Navarro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), respectivamente.
Ambos son investigados por los presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Según Manuel Herrera, presidente de la junta interventora, a esas dos municipalidades Judesur le giró ¢900 millones desde el año 2009 para ejecutar dos proyectos viales y a la fecha, ninguna de las dos obras se ha concluido, a pesar de que tenían plazos de ejecución de seis a nueve meses.
En el caso de la municipalidad de Osa, se trata de ¢600 millones que se giraron para la pavimentación de una calle y la construcción de caños y aceras en Bahía Ballena.
Mientras que en Coto Brus se investiga el desembolso por ¢300 millones que Judesur dio para la construcción de la ruta entre Sabalito, La Ceiba y Río Sereno.
Al respecto, el alcalde de Osa reconoció que el proyecto está inconcluso, pero culpabilizó a Judesur de tal situación pues, según él, no le han desembolsado todo el dinero.
“Se ejecutó hace cuatro años y la segunda etapa quedó pendiente porque la junta directiva de Judesur dejó de sesionar por un año y hubo problemas que imposibilitaron la entrega del dinero para la segunda etapa. Lo que faltan son 150 metros de acera, la municipalidad tienen los materiales y la voluntad de terminar, pero en esto hay otras intenciones”, dijo Alberto Cole.
Su homólogo de Coto Brus argumenta lo mismo, Navarro aseveró que a su municipalidad no le han depositado ni la tercera parte de los ¢300 millones pactados: “Vamos a estudiar el asunto. Mañana voy a ir a sacar la denuncia para ver los detalles. De ese proyecto solo nos depositaron ¢92 millones, más de ¢200 no llegaron nunca”.
Los dos jerarcas coinciden en que la denuncia se trata de un tema político, pues ambos tienen intereses en buscar la reelección en febrero del próximo año.
“Cuando se me llame, ejerceré mi derecho. Es solo una denuncia con tintes políticos, es parte de lo electoral”, añadió Cole.
Por esos dos casos también se denunció al jefe del Departamento de Desarrollo y al ingeniero civil de Judesur, de quienes no trascendió el nombre.
El presidente de la junta interventora, afirmó que estas no serán las únicas personas que irán al Ministerio Público, pues todavía están analizando la información de otros proyectos.
A la fecha, los interventores han encontrado “deficiencias en la asignación, seguimiento y supervisión” de 45 proyectos por ¢7.908 millones que al final del 2014 no habían sido liquidados.
“No pretendemos saturar la Fiscalía (…). Pero hay más casos en las municipalidades, pero todavía estamos revisando los proyectos para determinar en cuál hubo incumplimiento del plan de inversión y en los plazos de ejecución (…). Ni nosotros mismos sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Cada día aparece algo nuevo”, afirmó Manuel Herrera.
A parte de las denuncias penales, la junta interventora también abrió un proceso disciplinario contra cuatro funcionarios de Judesur: el jefe de la Unidad de Proveeduría, el auxiliar de Proveeduría, la encargada de la Unidad de Recursos Humanos y el Jefe del Departamento de Desarrollo.
Ampliación. Las investigaciones forman parte de la intervención que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ordenó ejecutar en Judesur desde agosto del año pasado, debido a supuestas ilegalidades, desorden en gestión de proyectos y desperdicio de recursos, con más de ¢17.000 millones ociosos en sus cuentas bancarias.
Incluso el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó este lunes que el Gobierno amplió hasta por seis meses más el plazo de la intervención tras conocer en Consejo de Gobierno un informe de gestión de la junta interventora, donde se señalaban entre otras cosas, las denuncias y los procesos disciplinarios.
“Continuar con la intervención nos permite seguir trabajando con absoluta transparencia en garantizar el uso correcto de los dineros públicos, que deben ayudar a mejorar las condiciones de vida de los cantones que tienen un rezago histórico”, declaró Herrera.
Colaboraron con esta información los periodistas Esteban Oviedo y Steven Oviedo