La entrega de los dos primeros peritajes que se efectuaron al equipo decomisado en el caso de supuesto espionaje telefónico, rompieron ayer el hielo de las relaciones entre el jefe del Ministerio Público, Carlos Arias, y el juez cuarto de instrucción, Ewald Acuña.
Arias le envió previamente tres solicitudes al juez, con el fin de que este aportara pruebas del caso, pues, según explicó el Fiscal, los documentos entregados no sustentaban una posible acusación.
No fue sino hasta ayer, un mes y medio después del primer allanamiento realizado en las oficinas de la empresa Astur Seguridad S.A., que la Fiscalía recibió dos peritajes que se practicaron a los equipos confiscados.
De acuerdo con el contenido de las nuevas revelaciones, el Ministerio Público podría requerir en los próximos días a los supuestos vinculados con el caso. De lo contrario, podría desestimar la causa. Sin embargo, Arias insistió en que aún faltarían más pruebas técnicas por valorar.
El caso de las presuntas intervenciones telefónicas surgió desde el 8 de febrero, luego de que se mezclara al jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mario Soto, con la empresa Astur y el hecho tomara dimensiones de escándalo político, pues se mencionaron, entre los afectados, a funcionarios y exfuncionarios gubernamentales. (Recuadros adjuntos.)
Sin sustento
Ayer el fiscal general, Carlos Arias, reconoció haber sido insistente en sus solicitudes ante el juez. "Uno no puede acusar a una persona sin tener fundamento (...) por eso yo le envié por lo menos tres solicitudes por escrito al señor juez y de todas recibió copia el presidente de la Corte, don Edgar Cervantes", detalló.
Afirmó que durante el tiempo transcurrido, los fiscales asignados al caso, Patricia Cordero y Manuel Rojas, solo habían recibido documentación, la cual no contenía pruebas suficientes para requerir a nadie.
"A pesar de la magnitud del escándalo, nosotros no nos podemos exponer a acusar a alguien y que por falta de bases nos interpongan un recurso ante la Sala Cuarta y eche abajo el proceso. Y ese fundamento nos lo tiene que dar el juez", expresó.
La Nación consultó mediante un fax a Acuña su opinión acerca de las reiteradas declaraciones de Arias de atribuirle al juzgado el retraso en la entrega de pruebas; no obstante, alegó que el artículo 195 del Código de Procedimientos Penales lo inhibe para contestar.
También se le envió consulta al presidente de la Corte Suprema de Jusiticia, Edgar Cervantes, pero al cierre de esta edición aún no había respondido.
¡Ahora sí!
"Ahora sí tenemos algo", dijo el Fiscal General al ratificar la recepción de los peritajes. Para él, estos análisis son fundamentales para determinar si efectivamente los equipos decomisados pudieron haber sido utilizados en intervenciones telefónicas o para escuchar conversaciones privadas.
Empero, informó de que aún faltan los estudios técnicos que se deben efectuar en las casas de personas que han dicho que sus teléfonos están intervenidos, como el caso del magistrado Ricardo Zeledón, o las oficinas del magistrado Rodolfo Piza.
"Nosotros lo que queremos es que el juez vaya con un perito y diga si esos aparatos sirven para detectar si se van a meter a robar o no, sino para oír todo lo que hablan por teléfono. Ya cuando tengamos eso, entonces si podemos actuar", explicó Arias.
Los peritajes entregados ayer por el juez Acuña al Ministerio Público, los efectuaron los especialistas Alfonso Alvarado y Edgardo Vargas. En el acta de entrega consta que, dentro de un extenso documento, en los folios 834 al 847, se incluye el análisis al equipo decomisado durante el allanamiento efectuado el 15 de febrero en las instalaciones de la DIS. Por su parte, entre los folios 848 al 851 se encuentran los datos derivados del peritaje realizado al equipo de la empresa Astur.
Punto por punto
¿Cuándo y por qué comenzó el caso?
El "caso Astur" surge como tal luego de que agentes del OIJ y el juez Ewald Acuña allanaron el 8 de febrero las instalaciones de la empresa Astur Seguridad S.A. y decomisaron sofisticado equipo electrónico.
¿De qué se trata?
Documentación en poder del juzgado relacionó a la empresa con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y, a la vez, con supuestas intervenciones telefónicas a figuras públicas, algunas con presuntos fines políticos.
¿Quiénes están implicados?
Hasta el momento en la vía judicial no hay ninguna persona requerida, no obstante, el Gobierno suspendió al director de la DIS, Mario Soto, y ordenó una investigación administrativa en su contra.
¿Qué ha hecho el Juzgado?
Hasta el momento ha realizado nueve allanamientos, han recolectado seis legajos de prueba y la Corte Suprema de Justicia nombró un cojuez para agilizar el proceso.