Mientras la ardiente discusión política del proyecto de garantías económicas pareciera entibiarse, una brasa lanzada por el contralor general de la República, Samuel Hidalgo, volvió a darle calor al tema, en momentos previos al arranque de la discusión.
Tras sobrevivir a un enfrentamiento político, el proyecto que pretende reformar nueve artículos de la Constitución, se enfrenta también al ojo crítico de la Contraloría, entidad que esbozó en un informe una serie de observaciones con miras a buscar la "transparencia y claridad absolutas" en el control del gasto.
Sin embargo, a pesar de que aparentemente los cuestionamientos fueron bien recibidos en el Congreso, los jefes de las fracciones mayoritarias sostuvieron que la entidad se pronunció acerca de un proyecto ya superado, diferente al que se someterá a discusión esta semana.
Precisamente hoy inicia el debate en el plenario legislativo de 13 mociones presentadas ante la mesa del directorio. Una de ellas, la principal, es la propuesta del último texto sustitutivo del Partido Liberación Nacional (PLN), que fue aceptada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como texto base para la discusión.
En tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) alertaron a la ciudadanía "acerca del grave peligro que tal proyecto representa para la preservación de los servicios públicos", e hicieron énfasis en que la aprobación de esa reforma atentaría contra el sistema de seguridad social del país.
Verificación tecnica
El contralor Samuel Hidalgo dijo ayer a La Nación que la preocupación de la entidad se basa en la conveniencia de que una reforma constitucional tan importante, en la que se inmiscuye de lleno a la Contraloría, se analice con la mayor claridad, "porque eso va a quedar como una roca dentro de la Constitución", dijo.
Hasta el momento, la Contraloría se encarga de revisar los gastos de las instituciones públicas, sin embargo, el proyecto en trámite traslada esa potestad al Congreso.
Para Hidalgo esa es una de sus principales inquietudes, por cuanto, "la Asamblea es un cuerpo político y nosotros podemos colaborar con la parte de los detalles técnicos, en los cuales tenemos la experiencia necesaria para trabajarlo en un plazo relativamente corto".
"Nosotros decidimos estudiar el documento pues surgió en el plenario la inquietud de que nuestra participación era importante. Sin embargo, en ningún momento tuvimos acceso a un documento firme y decidimos trabajar sobre una propuesta básica", explicó.
Señaló, por ejemplo, el caso del límite del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el déficit fiscal, en donde "nos encontramos que solo el déficit del Banco Central supera ese porcentaje, por lo cual le sería muy difícil al gobierno cumplir con la disposición", adujo Hidalgo.
Ayer, los congresistas conocieron una carta suya en la cual les solicita una copia del documento definitivo, con el fin de realizar una nueva revisión.
A destiempo
En relación con la postura del contralor, los diputados oficialistas Luis Gerardo Villanueva y Antonio Alvarez coincidieron en que la mayoría de las observaciones se refieren a un proyecto de garantías viejo, y que gran parte de ellas fueron solventadas en el nuevo texto que se entrará a conocer. Explicaron que se acogieron varias recomendaciones, pero otras no, pues el diputado tiene potestad para legislar.
Por su parte, la subjefe de la fracción socialcristiana, Lorena Vásquez se mostró esperanzada en que la próxima semana se sometan a votación las reformas, tras la discusión de mociones que inicia hoy.
Aseguró que su fracción está satisfecha por haber logrado que se aprobara un 90 por ciento del proyecto original que presentó el excandidato Miguel Angel Rodríguez. Este, por su parte dijo esperar que no haya mas excusas y se cumpla de una vez por todas con la aprobación del proyecto.
Cuatro criterios
El proyecto de garantías económicas sigue originando criterios encontrados, pese a que existe un acuerdo entre las fracciones mayoritarias para aprobar la última versión del texto. Algunas opiniones dadas ayer sobre el contenido de la iniciativa provienen de:
Miguel Angel Rodríguez
Precandidato presidencial del PUSC
Manifestó que espera que algunos diputados no obstaculicen la aprobación del proyecto. Considera que existen personas interesadas en crear nuevas barreras a la iniciativa, para obviar los controles en el uso de los fondos públicos.
Rodrigo Oreamuno Blanco
Primer Vicepresidente de la República
"Creo que a las observaciones de la Contraloría se les debe poner mucha atención. Algunos de los comentarios están bien sustentados; otros, no. Pero estoy seguro que los señores diputados los están estudiando y serán tomados en cuenta".
Rodrigo Alberto Carazo
Defensor de los Habitantes
Insistió en la necesidad de que el texto sustitutivo que negociaron el PLN y el PUSC sea dado a conocer al país y llamó a que se genere un debate nacional en torno al tema, por tratarse de una reforma constitucional muy amplia.
Antonio Alvarez Desanti
Presidente de la Asamblea Legislativa
"Pienso que buena parte de las cosas que a ellos (la Contraloría) les preocupaba se ha ido corrigiendo en las diferentes versiones del proyecto. Algunos aspectos no se han tocado, pero es que parte de la labor del legislador es precisamente escoger."
Garantías comparadas
Algunas objeciones hechas por la Contraloría General de la República al proyecto de garantías económicas fueron retomadas y otras descartadas en la propuesta de texto sustituto del PLN, el cual fue aceptado anteayer por el PUSC:
Contraloría
1- Afirma que el hecho de cederle al Ejecutivo la iniciativa en la presentación de proyectos en materia de pensiones, jubilaciones, empleo y remuneraciones con cargo al Presupuesto Público podría ser una limitación al Congreso.
2- El hecho de que el Congreso deba conocer entre setiembre y noviembre de cada año el Presupuesto del Ejecutivo y más de 100 documentos del resto de entidades y empresas públicas podría tornar engorroso ese trámite por no ser la Asamblea Legislativa un ente técnico.
3- Recomienda aclarar la redacción del inciso 11 del artículo 121 con el fin de que quede expresamente señalado que el Congreso no conocerá los presupuestos de las municipalidades.
4- Externan inquietud por la idea de fijarle un límite anual al déficit fiscal del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por cuanto sostienen que sólo el déficit del Banco Central supera ese porcentaje.
5- Externa dudas en cuanto a las funciones que la Contraloría desarrollará en adelante con la creación de una entidad autónoma que se encargará de controlar la calidad de los servicios públicos y aprobar sus precios.
6- Expresan su preocupación por el eventual roce constitucional que significaría definir la facultad del Banco Central para reglamentar las leyes relativas a la materia monetaria y cambiaria. Indica que la Sala IV ya se pronunció en el sentido de que solo el Poder Ejecutivo puede crear reglamentos.
Texto sustitivo del PLN
1- Mantiene la iniciativa del Congreso en cuanto a la presentación de proyectos en esos campos.
2- Plantea que el Congreso debe tramitar los planes de gastos del Ejecutivo y de las instituciones del Estado. Se exonera de este control a las universidades estatales, bancos públicos, empresas del Estado, INS e ICE.
3- No se hace la aclaración en el artículo 121. No obstante, en el artículo 184, inciso 2), se especifica que es la Contraloría General de la República a la que le corresponde conocer los planes de gasto de los ayuntamientos.
4- Mantiene la idea de fijar un tope anual al déficit fiscal del 1 por ciento del PIB.
5- Se menciona en el artículo 182 que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -cuya creación se propone en el proyecto de transformación del SNE- regulará la calidad y tarifas de los servicios prestados o bienes vendidos directamente por el Estado, sus instituciones y las empresas públicas.
6- Se eliminó la disposición expresa que facultaba al Banco Central a reglamentar sobre estas leyes.