El gobierno de Luis Guillermo Solís planteó ayer su primera propuesta específica contra la pobreza extrema, cuya erradicación es una de las promesas ofrecidas durante la campaña electoral.
Su plan: elevar en el cuatrienio la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), pasando de las 100.000 actuales a 115.000 en el 2018 y procurando que cada beneficio realmente llegue a manos de los habitantes de menos recursos del país.
Este 15% de incremento en la cobertura pretende reducir la población que vive en pobreza extrema, aunque el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, prefirió no mencionar ayer cuál es su meta de reducción para este grupo.
En este momento, un 6,3% de los costarricenses padecen esas condiciones; es decir, que pueden cubrir sus necesidades básicas.
Ayudas. Una pensión del RNC entrega al beneficiario ¢75.000 por mes que le permiten compensar algunas necesidades propias y de la familia. Se dirige sobre todo a adultos mayores, pero también puede ser para otros miembros del hogar.
Por ahora el monto se mantiene invariable, pues las autoridades primero quieren corroborar que el dinero esté llegando a los más pobres y reducir así la incorrecta distribución, demostrada en junio pasado en un estudio sobre reducción de la pobreza .
En esa oportunidad se informó de que una de cada cuatro pensiones de este régimen, diseñado para los más desposeídos, queda en una persona que no es pobre.
Una de las intenciones, por tanto, es asegurarse de que las 4.000 pensiones que se reemplazan cada año (por beneficiarios que mueren), ahora sean adjudicadas sin excepción al grupo de más necesitados, según Alvarado.
Para ello, desde ayer rige un convenio de cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajo el cual opera el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), de donde sale el dinero para estas pensiones.
“Teníamos instituciones que no se hablaban entre sí”, dijo Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República a cargo de lo social.
¿De dónde saldrá el dinero para este incremento? Carlos Alvarado y el ministro de Trabajo, Víctor Morales, corrieron a aclarar que el financiamiento de la ampliación en la cobertura del RNC proviene del incremento habitual por año que tiene Fodesaf, cercano a un 7%.
“El presupuesto de Fodesaf en 2014 es de ¢500.000 millones y en el 2015, será de ¢529.000 millones, por los aportes patronales de ley”, explicó Morales. Así se podría sostener el costo adicional de ¢4.500 millones anuales que significará el anuncio efectuado ayer.
Las pensiones del régimen no contributivo funcionan como una herramienta sencilla y directa para atacar la pobreza. Lo hizo el presidente Óscar Arias en el 2006, cuando cada beneficio estaba en ¢17.500 y él decidió llevarlo a ¢50.000, en el 2007.
El monto de la pensión después ascendió a ¢75.000. Eso ocurrió en julio del 2013, en el gobierno de Laura Chinchilla.
Ahora el RNC vuelve a resultar útil a un gobernante para lograr cambios en la medición de la pobreza, aunque hace dos semanas las autoridades actuales también presentaron una nueva forma de medirla, con elementos que van más allá del ingreso de una familia.