El presidente en ejercicio, Rodrigo Oreamuno Blanco, defendió ayer categóricamente al asesor presidencial Roberto Hidalgo, a quien se le endosó una supuesta relación con el caso de las denuncias de intervención telefónica y la presunta operación en nuestro país de un cuerpo policial político.
Al paso de los comentarios sobre el asesor Hidalgo, formulados ayer por Bernal Aragón, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y por el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez, también salió el mandatario José María Figueres.
El gobernante, quien se encuentra de gira por Holanda e Italia, expresó ayer, a las 11:30 p.m. -hora de Roma-, poco antes de ingresar en el hotel Edén, lo siguiente: "Nada. El no está en eso."
Se trató de hablar con Roberto Hidalgo, mas nadie contestó el teléfono en el despacho presidencial. En la oficina de prensa de la Casa de Gobierno, tampoco dieron con el paradero del funcionario.
La versión de Hidalgo sobre el tema -dada a conocer en un fax que remitió el pasado 19 de febrero- indica que su trabajo en la precampaña y la campaña electoral pasadas se concentró en el área de imagen, mensaje y estrategia política de Figueres.
Hidalgo negó haber participado, junto con el suspendido director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mario Soto Baltodano, en un comité denominado de "respuesta inmediata", durante ese período electoral.
Baltodano fue separado temporalmente de su cargo pues se investiga su relación con la empresa Astur Seguridad S.A. y el caso del supuesto espionaje telefónico.
¿Quien tiró la piedra?
El tema lo inició el parlamentario Gutiérrez Schwanhauser, para quien existen indicios de una conexión entre el caso de las escuchas y la presunta participación de Hidalgo.
Al tema se sumó el líder de la bancada de oposición, Aragón, quien manifestó que ellos han visto a Hidalgo, desde la última campaña política, como una persona al parecer interesada en asuntos como estos.
Agregó que, según informes extraoficiales de agentes de la DIS, a los que ellos han tenido acceso, hay sospechas de que se pudieron haber creado expedientes políticos, en los que se menciona a dirigentes de su partido.
Ante esta posibilidad, y la eventual operación de una policía política en el país, el congresista socialcristiano Constantino Urcuyo y varios compañeros de su bancada presentaron una moción el pasado jueves ante el plenario legislativo para que el Congreso integre una comisión investigadora.
"Quien afirma algo tiene que probarlo. Si estos señores hacen un cargo tan serio, deben aportar pruebas", indicó Oreamuno al ser consultado ayer, a las 4:25 p.m.
Colaboró en esta información, Mauricio Herrera, redactor de La Nación