Si una institución del Estado quiere realizar algún proyecto que afecte a alguna de las comunidades indígenas del país deberá tramitarlo ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI), una nueva oficina que estará adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
Esta unidad será parte "fundamental" para aplicar el nuevo decreto de Mecanismo General de Consulta Indígena el cual fue aprobado este sábado entre los representantes de los ocho pueblos autóctonos y el Gobierno.
Este aval se concretó en el segundo encuentro nacional realizado el 8, 9 y 10 de febrero en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en Coronado, según informó Casa Presidencial.
Dicho mecanismo busca hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando una medida o proyecto les afecte directamente sus recursos naturales, límites territoriales, viviendas o cualquier derecho cultural o humano, como el caso de la planta hidroeléctrica El Diquís que pretende el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En este segundo encuentro se revisó un documento que incorporaba las preocupaciones planteadas en mayo pasado, cuando se llevó a cabo el primer encuentro entre autoridades y representantes aborígenes.
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Este sábado, todos los delegados votaron los cambios en el texto y se ratificó el mecanismo de consulta por unanimidad.
Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, dijo que la Unidad Técnica de Consulta Indígena será la encargará de mediar entre la institución interesada en desarrollar un proyecto y pueblo indígena. En lo que queda de esta administración será ese Viceministerio el que asumirá el funcionamiento.
"Por ejemplo, llega el AyA (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) y nos tramita la solicitud de consulta para desarrollar un proyecto, la Unidad revisa que la documentación cumpla todos los requisitos que se indican en el mecanismo de consulta. Luego de que se revisan que todos los documentos estén bien, la Unidad se pone en contacto con el pueblo indígena a través de la Instancia Territorial Indígena (ubicada en el pueblo autóctono y que se debe crear luego de la publicación del decreto en La Gaceta), si ellos están de acuerdo con el proceso, la Unidad gestiona un intercambio entre la institución y el pueblo indígena", detalló Zúñiga.
Revisadas las propuestas de la institución, el pueblo indígena "se toma su tiempo" para evaluarla, entran a una etapa de negociación y acuerdo entre lo que el pueblo indígena y la institución proponen; la Unidad va a ser la mediadora. Se realiza un acta de finalización del proceso y la última etapa es de monitoreo y evaluación.
Todo este proceso incluye la presencia de observadores que serán nombrados de acuerdo al proyecto.
Zúñiga explicó que solo las instituciones del Poder Ejecutivo están obligadas a aplicar el decreto.
Óscar Almengor, integrante de la Comisión Redactora Indígena, dijo que se siente "satisfecho" con el mecanismo de consulta aprobado.
"La mayoría de las observaciones y propuestas de las comunidades territoriales por lo menos se pudieron palpar en el nuevo documento. Aunque no es un documento perfecto, tiene un alto porcentaje de acuerdo entre los pueblos indígenas para que no sean violentados sus derechos", explicó Almengor.
La consulta indígena es un proceso que estaba pendiente de definir hace más de dos décadas. El mayor interés se dio ante la intención del ICE de construir la que sería la mayor planta hidroeléctrica del país en Buenos Aires de Puntarenas.
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El embalse de la planta El Diquís anegaría el 10% del territorio China Kichá (104hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas), de acuerdo con datos de la Defensoría de los Habitantes.