El Ministerio Público ordenó una investigación exhaustiva en torno a los permisos que otorgó el Poder Ejecutivo, en agosto de 1987, para la explotación privada de frecuencias estatales de telefonía celular.
El anuncio lo hizo ayer la Oficina de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia, según el cual la indagación la pidió de oficio el Fiscal General de la República, Jorge Segura, el pasado viernes, y estará a cargo de Jorge Fournier.
El análisis del caso, de acuerdo con la información brindada por ese departamento de la Corte, abarcará desde 1987, cuando se autorizaron los derechos, hasta los recientes acontecimientos que culminaron con la salida de la empresa de telefonía celular Millicom de Costa Rica, cuyos equipos fueron desconectados el 9 de mayo anterior.
En el proceso iniciado, todavía no se ha requerido a ningún exfuncionario o funcionario público, así como tampoco se ha señalado la comisión de posibles delitos. Según la Oficina de Relaciones Públicas, por la complejidad del caso, primeramente, se analizarán los hechos.
El 11 de agosto de 1987 la Oficina de Control de Radio -adscrita al Ministerio de Gobernación- firmó una resolución que autorizó operaciones a la empresa Comunicaciones Celulares (COMCEL), aunque la Contraloría General de la República había advertido sobre la exclusividad estatal de esos derechos, que posteriormente fueron cedidos, en forma privada, a Millicom.
Rolando Ramírez, quien fungió como titular de Gobernación (1986-1988), negó ayer enfáticamente cualquier tipo de vínculo con la compañía. Dijo que cuando autorizó la explotación de frecuencias para COMCEL lo hizo, tras recibir el aval del departamento técnico y legal de Gobernación.
Citas
Entre tanto, hoy llegarán al país dos altos ejecutivos de la transnacional para sostener reuniones con sus representantes en Costa Rica, según confirmaron ayer fuentes cercanas a Millicom.
El propósito de la visita es discutir las acciones que tomará la empresa, entre las cuales se citan la posibilidad de una demanda contra el Poder Ejecutivo ante los organismos judiciales del país o un proceso de arbitraje internacional. Tampoco se descarta dar un "compás de espera" con el fin de que el Gobierno de Estados Unidos intervenga en el caso.
Al mismo tiempo, se discutiría la conveniencia o no de invertir en el país, aún cuando ocurriera una posible apertura del mercado de telefonía en el futuro.
El viernes anterior, Sonia Picado, embajadora en Washington, admitió la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos ordene sanciones comerciales contra el país tales como la exclusión de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI).
Mediante ese régimen preferencial -que exime del pago de aranceles a ciertas exportaciones del caribe y Centroamérica-, el mercado norteamericano se consolidó como el socio comercial más importante para Costa Rica, según información de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
Según las citadas fuentes, los ejecutivos no mantendrán ningún contacto con miembros del Gobierno, que rompió unilateralmente las negociaciones con la empresa el 16 de mayo, en medio de una fuerte protesta de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).