Una ley obliga a la Municipalidad de San José a girarle el 50% de ganancias de los festejos de Zapote al Hospicio de Huérfanos de San José, ubicado en Guadalupe, el cual afronta una investigación por supuesta agresión sexual, maltrato y negligencia en contra los niños en riesgo social que tenía en custodia.
Se trata de la Ley Proayuda al Hospicio de Huérfanos de San José, que data del 2010, la cual establece que el municipio debe girar la mitad de las ganancias de las Fiestas de San José para atender necesidades de los menores de edad, huérfanos, abandonados o en riesgo social.
Estas festividades de diciembre, dejan, en promedio, cerca de ¢200 millones en ganancias.
Debido a las irregularidades encontradas, poco a poco el Hospicio se fue quedando sin niños. A principios de año tenía 85 menores, sin embargo, este viernes, a solicitud del PANI, un juez ordenó quitarle al centro los últimos 19 niños que mantenía en custodia.
Entre esos niños, de 0 a 12 años, habían cuatro grupos de hermanos.
Además, este sábado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le notificó a las autoridades del Hospicio que no les va a renovar el convenio de cooperación que mantenían con ellos hace más de 30 años para atender a niños en riesgo social.
El Hospicio tampoco tenía permiso de funcionamiento, ya que el que tenía se le había vencido.
Sin niños y con una denuncia ante la Fiscalía de Goicoechea ¿Qué va a pasar con los fondos que por ley se les tiene que trasladar al Hospicio?
Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José, dijo que tendría que promoverse una modificación a la ley ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, mientras esto no ocurra, van a tener que seguir girando los recursos al Hospicio debido a que la ley esta vigente.
“Mientras esté la ley, es vinculante. Evidentemente, es un hecho que debería ser motivo de valoración, para ver si se puede impulsar una modificación a la ley que el día de hoy nos obliga a girarle el 50% de las ganancias de los festejos. Me parece bien complicado (lo que está pasando) y es motivo para analizar esa circunstancia legal. No habría razón para seguir aportando si existen ese tipo de irregularidades y, más aun, si ya no atienden niños”, explicó Araya.
La institución obtiene fondos también de la Junta de Protección Social (¢13 millones) y del Patronato Nacional de la Infancia (¢334.000 por mes por cada niño).
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Otra de las irregularidades detectadas tiene que ver con la parte financiera. El Hospicio debe rendir cuentas por el dinero que el PANI le entrega.
Sin embargo, según el informe de Financiero Contable, el Hospicio no dio cuentas del destino de ¢84,4 millones. Debido a esto, el PANI presentó un reclamo administrativo, el cual está en trámite.