La orden del presidente Luis Guillermo Solís de detener "todas" las contrataciones de bienes y servicios, que se financien con recursos internos, genera preocupación entre los diputados. Ellos temen que la medida afecte el desarrollo de obras, como las viales.
Así lo manifestaron luego de que el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, confirmara que se suspende todo proceso de compra que no haya empezado, sin importar si se trataba de una contratación directa o de licitaciones abreviadas, públicas o internacionales, con el fin de ayudar a afrontar la crisis de liquidez en las finanzas públicas.
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Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario y candidato presidencial, considera que algunos de esos bienes y servicios pueden estar vinculados con carreteras u obras viales que son urgentes y que se han esperado por años.
"Por ejemplo, como Circunvalación norte, tengo entendido que falta expropiar terrenos, y para eso se requiere contratar servicios para consolidar los procesos de expropiación. En la ruta 32, aprobamos un empréstito de casi $500 millones, pero el Estado requiere contratar servicios para hacer las expropiaciones y que se pueda empezar la ampliación de la ruta; tiene que levantar expedientes a lo largo de esa ruta pero, para eso, requiere contratar servicios. Estoy de acuerdo si se detiene la compra de vehículos, edificios o contratos de arrendamiento, pero no para obras urgentes para el país", explicó Guevara.
La medida del Gobierno no incluye aquellas contrataciones que se financian con préstamos internacionales. Tal es el caso de las escuelas y los colegios que se construirán con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la ampliación del tramo Limonal-Cañas en la carretera Interamericana norte.
El diputado del Frente Amplio, Francisco Camacho, considera que el país no se puede "dar el lujo" de paralizar las obras de infraestructura.
"La reactivación económica es importantísima, la parte de infraestructura no se debe paralizar de ninguna manera, es importante que todas las partes nos sentemos a hablar de este problema y dejemos la politiquería", dijo el legislador.
Por su parte Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, afirmó que la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis de liquidez "es pésima". En su criterio, cuando ocurre una crisis fiscal, una de las formas de enfrentarla es reactivando la economía, pero la orden del presidente más bien producirá lo contrario.
Según dijo, un gran número de empresas son contratadas por el Estado y esta medida provocará despidos y que se reduzca la captación de impuestos.
"Me parece una injusticia con el pueblo de que el temor que tiene este Gobierno, de enfrentar a los sindicatos, le pase la factura al pueblo. Hay necesidades en vivienda, carreteras, centros educativos. El presidente no tomó acciones para controlar los gastos y ahora empieza a sacrificar obras importantes, hay que recortar en donde no hay urgencia, la obra social e infraestrutura debería ser lo último que se sacrifique", manifestó Redondo.
Por último, el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González , dijo que no cree que el Gobierno vaya hacer lo que anunció. Para él, las medidas son "pura pose".
"El presidente se ha esmerado en asustar al país, a inversionistas y al mundo financiero con acciones ocurrentes. No van a aplicar las medidas así como no han cumplido los compromisos de contención del gasto. Esto tiene un impacto negativo en la red de proveedores y conlleva una burla porque las instituciones autónomas seguirán haciendo lo que les da la gana", añadió González.
Según la orden del mandatario, si se producen fuertes debates sobre la necesidad de ciertas contrataciones, la última palabra la tendrá él.
En el decreto, se insta a las entidades autónomas y demás poderes de la República para que apliquen la misma medida en aras de combatir el deterioro en las arcas del Estado, en razón de que el exceso de gastos sobre los ingresos equivalió a un 5,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2016 y de que el Banco Central estima que subirá a un 6,6% en el 2018.
Para este año, el Gobierno Central tiene un presupuesto de casi ¢411.000 millones para compras de bienes y servicios, lo que equivale a un 1,2% del PIB. Sin embargo, las instituciones descentralizadas constituyen el mayor comprador del sector público, con un presupuesto de ¢4,8 billones, es decir un 15,5% del PIB, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Estas partidas, sin embargo, suelen tener un alto nivel de subejecución. Del 2010 al 2015, por ejemplo, solo se ejecutó un 57,1% de lo previsto.