Pese a la insistencia de Japdeva para que no se produjeran más embargos, la tarde de este jueves la institución informó de que sus cuentas en el Banco Nacional y en el Banco Popular también fueron congeladas, como parte de una acción presentada por el sindicato de la entidad.
En el Popular, el embargo cayó sobre la cuenta del Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores, en la que se mantienen los montos aportados por la Junta a dicho fondo, así como los aportes y pagos de préstamos de los funcionarios y exfuncionarios.
La acción se suma al congelamiento realizado la semana anterior de los ¢5.283 millones que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) mantiene en cuentas del Banco de Costa Rica.
Ese dinero corresponde a los pagos de planilla y gasto operativo de la institución, así como a la cuenta donde se registran los fondos de la Ley 9764 de Transformación de Japdeva, destinados al pago de prestaciones de las personas acogidas a alguna de las alternativas a esta ley.
Frente a esta situación, la empresa portuaria tuvo que buscar otros fondos para pagar salarios a 576 empleados, el pasado viernes.
Los embargos fueron aprobados por el Juzgado de Trabajo de Limón, como una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), en relación con un proceso judicial que planteó contra la entidad en 2013.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, advirtió que las acciones de embargo que han caído sobre cuentas adicionales ponen en mayor dificultad y riesgo la estabilidad de institución.
“Las acciones realizadas por la parte actora Sintrajap ahora se ampliaron a otros bancos. Nos están llevando a una situación cada vez más crítica si no cambian las medidas en el corto plazo.
"La Administración hizo un enorme esfuerzo por pagar los salarios de los empleados la semana anterior quedando en una posición de mayor debilidad financiera a la que ya nos veníamos enfrentando y estábamos tratando de mejorar. Ahora, estos embargos adicionales representan un riesgo mayor”, aseveró Centeno.
La funcionaria informó, además, de que el lunes 18 de mayo, el juez del Primer Circuito Judicial de Limón rechazó de plano el recurso de apelación a la medida cautelar planteado por Japdeva, razón por la cual la entidad presentó seguidamente tres nuevas medidas ante el juzgado y prepara acciones adicionales.
Japdeva añadió que, a pesar de que el Sindicato y su representante legal aseguraron en múltiples manifestaciones públicas no querer afectar a entidad portuaria ni a sus fondos operativos, el embargo de las dos principales cuentas de la institución ya contabiliza más de una semana y ahora se suman cuentas adicionales en otros bancos.
Convención colectiva
El embargo obecede a una demanda planteada por Sintrajap hace siete años, en reclamo por aportes de Japdeva al fondo de ahorro de los trabajadores.
Según Centeno, en el 2002 se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro, que es un beneficio convencional.
El aumento estaba sujeto a que se pudiera cargar a las tarifas del puerto. No obstante, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no lo aprobó por lo que la Administración no pudo cubrir ese aumento.
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Dicho acuerdo implicaba un aporte patronal de 8% para dicho fondo. En el 2006, ese aporte se redujo al 6%.
Los trabajadores demandaron a Japdeva por ¢5.283 millones. El embargo a esas otras dos cuentas anunciado hoy sobrepasa ese monto, pues ya se había contemplado en el congelamiento de la cuenta del BCR.
El caso ya fue resuelto inicialmente en contra de Japdeva, pero esta lo llevó a casación a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha emitido sentencia.
Actualmente, Japdeva está en un proceso de adelgazamiento de planilla y búsqueda de nuevos negocios, obligada ante la pérdida del 70% de la carga con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).