La Contraloría General de la República (CGR) aprueba el accionar de la junta interventora que el Gobierno impuso en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
En un oficio, del pasado 26 de marzo, el ente contralor concluyó que los cinco directivos que nombró, vía decreto, el presidente, Luis Guillermo Solís, están facultados para tomar decisiones administrativas y utilizar fondos públicos, en las mismas condiciones que lo haría cualquier otra junta directiva de Judesur.
“En aplicación de aquellos decretos y de la legislación que rige las facultades de dicha entidad, esa junta interventora se encuentra autorizada para la disposición de los recursos públicos que la ley asigna a Judesur, siempre en estricta conformidad con las disposiciones normativas que le regulan”, señala el documento.
La intervención fue ordenada por Solís, en agosto del año pasado, debido supuestas ilegalidades, desorden en gestión de proyectos y desperdicio de recursos, con más de ¢17.000 millones ociosos en sus cuentas bancarias.
Aunque inicialmente planeó solo una intervención sin quitar a los directivos, mes y medio después, cambió de opinión y decidió sacarlos y nombrar una nueva junta directiva, también por seis meses.
Consulta. La Contraloría emitió su criterio, el cual no es vinculante, como respuesta a una consulta del diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, quien también cuestionó las potestades de los miembros interventores para cobrar dietas y para nombrar un director ejecutivo.
Sobre la primera interrogante, la CGR determinó que “como servidores públicos que actúan a nombre y por cuenta de Judesur, tienen derecho a percibir dietas, pero únicamente en cuatro sesiones al mes”.
De igual forma, aprobó el nombramiento, el pasado 20 de noviembre, del ingeniero agrónomo, Carlos Murillo Barrios, como nuevo director ejecutivo, aduciendo que la junta interventora “desempeña las facultades de máximo jerarca” de la Junta de Desarrollo.
Tras conocer la respuesta del ente contralor, Gerardo Vargas, asegura que no quedó satisfecho y que le pedirá a la contralora general, Marta Acosta, una cita para aclarar algunos aspectos del oficio.
“La Contraloría está asumiendo un grado de responsabilidad porque no se me dice cuál es el sustento legal para que un decreto pueda pasarle por encima al artículo 10 de la ley de creación de Judesur, donde se estable quiénes deben ser los miembros de la junta directiva”.
”Me preocupa las consecuencias que pueda tener esta intervención, porque actualmente en la junta se llevan juicio por ¢4.200 millones”, agregó el socialcristiano.
Sala IV. La designación de la junta directiva interventora también se analizó en la Sala Constitucional, tras dos recursos de amparo de los directivos que fueron destituidos.
En ambos casos, los magistrados declararon inadmisibles las quejas bajo el argumento de que a la Sala IV no le corresponde controlar la legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo.
“No es competencia de este tribunal revisar, de conformidad con la ley aplicable, la procedencia o no de los nombramientos de la junta interventora”, reza el fallo.
Los magistrados si aclararon en la resolución que ese tema debería tramitarse en “la vía común, administrativa y jurisdiccional”.