El gobierno ve con recelo la opción de echarse al hombro la factura de ¢1,3 billones que la Superintendencia de Pensiones (Supén) plantea, para salvar el déficit generado por los beneficios que reciben los pensionados del Poder Judicial.
"En el fondo es un subsidio, para sostener el régimen que, en otras circunstancias, no habría sido tan problemático. Es echarle leña al fuego, literalmente hablando", aseguró el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, consultado sobre la propuesta de la Supén.
En criterio del viceministro, meter las pensiones de esas 3.600 personas en el Presupuesto Nacional sería una especie de subsidio, "prácticamente un rescate, un mecanismo de compensación" para darle solvencia al régimen judicial.
"Es una situación compleja en un momento muy delicado, fiscalmente hablando. (...) En el fondo, nos estamos trayendo el costo que significa ese régimen fuera de las finanzas del Poder Judicial, al resto del Presupuesto del Gobierno", añadió.
Esa es parte de las soluciones propuestas por Álvaro Ramos, superintendende de Pensiones, en el proyecto de ley de reforma a las pensiones judiciales, ante el déficit de ¢5,4 billones que los actuarios de la Universidad de Costa Rica calcularon en el régimen si se mantienen las condiciones actuales de jubilación.
El viceministro reaccionó esta mañana a una publicación de La Nación, donde se explica que, de meterse estas personas en el Presupuesto Nacional, los contribuyentes tendrían que pagar ¢1,3 billones en los próximos años para cubrir el financiamiento de los pensionados actuales.
La factura real es mayor, de ¢1,6 billones, según datos de los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR); sin embargo, la Supén plantea que los actuales jubilados tengan que pagar una contribución especial del 30% (incluyendo el 11% de cotización actual) para pagar ese costo al Estado.
Esa y otras propuestas para limitar los beneficios de los pensionados futuros fueron acogidos por los diputados de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa el 29 de marzo.
En principio, Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, asegura que, para bajar a cero el déficit actuarial de ¢3,9 billones que generarían los futuros pensionados, son suficientes varias reformas al régimen, como elevar la edad mínima jubilatoria de 62 años a 65, cambiar la forma de calcular el monto de la jubilación e imponer un tope a las pensiones máximas.
"Es un escenario muy complejo. Uno quisiera que un régimen aparte pudiera resolver problemas por
cuenta propia, haciendo ajustes, para que pueda por sí mismo salir de esa situación. Hay una serie de factores, como la edad de retiro, el monto por recibir por pensión, la cotización, etcétera, para que pueda por sí mismo salir de esa situación", dijo el viceministro Rodríguez.
Aunque el jerarca de Hacienda recordó que aún está pendiente el estudio final, con todo y recomendaciones, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, aseguró que resulta obvio que el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial requiere ajustes, "porque así como está funcionando evidentemente no va a subsistir en el largo plazo".
"La otra alternativa es que el Poder Judicial decidiera cómo arreglar su problema, como un poder autónomo que es. Esa es una alternativa. Lo que plantea la Superintendencia es traerse esa parte del hueco al resto del Presupuesto y los que están ahorita cotizando tendrían su problema resuelto.
La diputada Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, también reaccionó preocupada por esa factura que se le echaría al Gobierno y aseguró que la iniciativa de la Supén, recién acogida para estudio como texto base, será modificada luego de las audiencias a los diferentes actores afectados.
"Ese tema del Presupuesto es de los que más me preocupan, son muchos jubilados y eso sería pagado por todos los costarricenses. Es uno de los temas grandes de este proyecto, para ver qué decisión se toma al respecto", comentó la legisladora libertaria.
La congresista es parte de la Comisión Especial de Pensiones y fue una de las impulsoras de que se acogiera la iniciativa de la Supén.
En cambio, el frenteamplista Jorge Arguedas presiona por volver a la propuesta de los gremios judiciales, que era más conservadora en sus propuestas y, según la UCR, bajaba el déficit solo de ¢5,4 billones a ¢4,1 billones.
"La Supén no está trabajando con base en un estudio actuarial. (...) El hueco actuarial está porque ellos (magistrados y altos cargos judiciales) nada más se recetaban, ahora el hueco es demasiado grande. Hay que resolverlo de alguna forma, el Estado tiene repsonsabilidad porque es cotizante. Yo no creo que (la solución) sea en los términos en que él (Álvaro Ramos) dice", comentó Arguedas.
Según el legislador, la idea de la Supén es individualizar las pensiones y que, prácticamente, se traten como un ahorro. La discusión de la iniciativa seguirá en el Congreso, luego de que el plenario aumentó el plazo de la Comisión de Pensiones para el 31 de julio.