En un escueto comunicado, sin voces específicas, el Gobierno de la República le exige al diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que se disculpe públicamente por acusar a la Presidencia de tratar de silenciarlo en la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público.
La nota, difundida este sábado por la oficina de prensa de la Presidencia de la República, le exige al fundador del PAC que presente las pruebas de que hay alguna estrategia para acallar sus críticas hacia la gestión gubernamental, o bien que se retracte de sus declaraciones.
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La polémica surgió cuando Ottón Solís le dijo a La Nación, en artículo publicado este sábado, que la intención de sacarlo de la Comisión de Gasto Público es claramente una estrategia ideada en Zapote, para quitarlo a él y colocar en ese foro, que vigila las finanzas públicas, a Víctor Morales Zapata, el diputado más cercano a Luis Guillermo Solís, y a Laura Garro, exjefa de la fracción oficialista.
"El Gobierno de la República rechaza las declaraciones del diputado Ottón Solís Fallas, en las que achaca su salida de la Comisión legislativa de Control del Ingreso y el Gasto Públicos a una estrategia espuria del Gobierno", dice la nota enviada por la oficina de prensa.
En su reclamo, la Presidencia enfatiza que es una competencia exclusiva del jefe del Directorio de la Asamblea Legislativa y de las fracciones parlamentarias la integración de los órganos parlamentarios permanentes ordinarios y especiales. Insistió el Gobierno, en voz abstracta, que el Poder Ejecutivo "no tiene ni ha tenido ninguna injerencia".
Las acusaciones del fundador del PAC llegaron al punto de considerar que, al sacarlo a él de ese foro contralor, el Gobierno lo que intenta es convertir la comisión de control en una "comisión del perdón de los errores públicos".
"En consecuencia, el Gobierno de la República lamenta las especulaciones sin fundamento del diputado Solís Fallas y le solicita que presente las pruebas de sus afirmaciones o rectifique públicamente su posición", dice el comunicado gubernamental.
Una vez que conoció la respuesta de la Presidencia a su reclamo, Ottón Solís aseguró por vía telefónica a La Nación que "Víctor Morales Zapata no mueve un dedo si no es por órdenes directas de Luis Guillermo Solís; eso ha sido así a lo largo de toda la gestión".
El fundador del PAC añadió: "él (Morales) le dijo a Javier Cambronero (jefe de la fracción legislativa del PAC) que él iba a estar en Control de Gasto Público; eso significaba que yo tenía que salir de la comisión".
Para Solís Fallas, es prueba suficiente el hecho de que Morales Zapata es del riñón del mandatario y que, al pedir ese espacio, obviamente en Zapote lo iban a preferir a él.
"El Gobierno tiene derecho a hacer lo que hacían el PLN y el PUSC a lo largo de la historia: tener diputados incondicionales, incapaces de encontrar un solo error en el Gobierno. Morales Zapata es uno de ellos y este gobierno tiene derecho a imitar esas prácticas de Liberación y la Unidad. Lo ridículo es que lo niegue", comentó Ottón Solís.
La Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público es un órgano legislativo que funciona desde 1991, que antes tenía siete miembros y recientemente se elevó hasta los nueve. Es un foro presidido, generalmente, por la oposición, con la responsabilidad de exigir cuentas al Gobierno y diversas entidades públicas por el manejo de los recursos.
Sus investigaciones van desde los casos de desfalcos, de dineros desaparecidos, de gastos injustificados, de pagos irregulares de salarios, entre otros.
Este es uno de los foros más polémicos y candentes del Congreso. Por sus sesiones pasan las investigaciones más fuertes, algunas relacionadas con casos de corrupción, como en el pasado sucedió con la construcción de la trocha fronteriza, o de despilfarro de fondos públicos, en general.
Durante este periodo legislativo, en particular, se han discutido ahí los pagos irregulares de incentivos salariales a las viceministras de Gobernación, Carmen Muñoz, y Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga; la pifia premeditada en la construcción de la carretera que comunica con la Terminal de Contenedores de Moín y el fallido proyecto de la refinería conjunta entre Costa Rica y China, así como la conformación de una empresa conjunta entre ambas naciones: la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).
Otros casos que han pasado bajo la lupa de Gasto Público son el uso irregular de publicidad en el Banco Nacional para castigar a medios de comunicación incómodos, en particular a La Nación, y la estrategia de varios miembros de la Junta Directiva del BN de autonombrarse en las juntas subsidiarias de la entidad bancaria.
Los informes han sido particularmente duros, como en el caso de la viceministra Zúñiga, en el que Ottón Solís, Epsy Campbell y los demás miembros del foro, como Mario Redondo, quien lo ha presidido hasta ahora, recomendaron la destitución.
En el caso de Carmen Muñoz, por ejemplo, el fundador del PAC recomendó separarla, pero el exlegislador Antonio Álvarez Desanti -ahora candidato presidencial de Liberación Nacional- coincidió con la Casa Presidencial de que se trataba de un error administrativo