El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dio un paso esencial en pos de la aprobación del proyecto de ley que reduciría los beneficios a las pensiones judiciales, con el objetivo de salvar económicamente el régimen.
Casa Presidencial incluyó el texto dentro de la agenda que deberán discutir los diputados en el periodo de sesiones extraordinarias del mes de agosto. Los gremios judiciales están en huelga desde la semana antepasada reclamando que los incluyan en la negociación de la reforma.
Así consta en el decreto ejecutivo 40.522-MP enviado a la Secretaría del Directorio legislativo esta tarde. En los periodos de sesiones extraordinarias, es el Gobierno el que maneja la agenda de proyectos del Congreso.
Esta convocatoria permitirá a los diputados avanzar en las etapas finales del trámite de la reforma a las pensiones: primero la presentación de mociones de fondo y, luego, la discusión en primer debate, según lo establecido en la moción de vía rápida aprobada para esa iniciativa, el año pasado.
LEA COMPLETO el decreto de convocatoria de proyectos de ley a sesiones extraordinarias de agosto
Ese proyecto de ley fue dictaminado la noche del jueves, luego de que los miembros de la Comisión Especial de Pensiones trabajaran durante tres horas para consolidar un nuevo texto y emitir un dictamen para el plenario antes de que se venciera el plazo del foro parlamentario, el 31 de julio.
Legisladores del PAC, del PLN, del PUSC, del Movimiento Libertario y de Renovación Costarricense recomendaron un proyecto nuevo, con base en el diagnóstico elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica, sobre el fondo. El estudio detectó un déficit actuarial de ¢5,3 billones en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Entre las recomendaciones que hicieron los legisladores están la de aumentar a 65 la edad para pensionarse en la Corte, elevar a 35 los años de servicio laboral y subir la cotización de los empleados progresivamente, de un 11% a un 15%.
Según el dictamen de la Comisión de Pensiones, los funcionarios de la Corte se jubilarían con una pensión equivalente al 85% del promedio de los últimos 240 salarios, y no con el 100% del promedio de los últimos 24 sueldos, como rige actualmente.
Los legisladores también proponen imponer un tope de ¢4 millones a las jubilaciones judiciales y un aporte solidario del 50% sobre los montos que excedan ese límite.
Se le consultó al viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, la razón de peso para incluir el plan sobre las pensiones judiciales en la discusión; sin embargo, rechazó hacer alguna referencia a ese punto y remitió al ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se encontraba en una reunión, según dijo su periodista.
La semana pasada, el presidente Solís dijo que dejaba el tema en manos de los diputados.
Según informó el Gobierno a través de un comunicado de prensa, la lista está compuesta por 58 proyectos de ley enfocados en asuntos de infraestructura, transportes y seguridad, pero con un énfasis particular en la agenda fiscal.
"Queremos concentrar la atención en la agenda fiscal, que será nuestra prioridad en estas extraordinarias con el fin de fortalecer la salud de las finanzas nacionales. (...) Esperamos encontrar en la Asamblea Legislativa un ambiente receptivo y responsable, que comprenda la gravedad de la situación hacendaria", dijo a través de un comunicado el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Por eso aparecen en la lista de prioridades los expedientes sobre el impuesto al valor agregado (IVA), la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la iniciativa de Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de límites a las remuneraciones totales de la función pública.
En la lista de planes convocados también destacan la reforma a la Constitución Política para establecer la pérdida de credencial del diputado por violación al deber de probidad, la iniciativa para transformar el Consejo de Transporte Público en una Dirección de Transporte Público y la remodelación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
También está entre los planes convocados el de teletrabajo, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Marco de la Economía Social Solidaria, los incentivos al transporte eléctrico y el plan de financiamiento del Incofer.
Ese decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias regirá las labores legislativas entre el 1.° y el 31 de agosto. Tal como lo establece la Constitución, se le sumarán y se le restarán proyectos a discreción del Poder Ejecutivo en cualquier momento del mes, pues es el Gobierno el que determina qué se discute en comisiones y en plenario durante ese periodo.
Entre setiembre, octubre y noviembre vuelve un periodo de sesiones ordinarias y las extraordinarias se reanudarán a partir del 1.° de diciembre, cuando empiece el periodo de cinco meses que termina en abril del 2018, los meses finales de labor legislativa.