El Gobierno desistió de la idea de romper anticipadamente el contrato con la concesionaria a cargo de la ruta 27 y encargar la ampliación de la vía a una nueva empresa.
Tras un año de advertencias y anuncios del presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, sin que se avanzara en el proyecto, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) llegó a la conclusión de que desvincularse de la empresa Ruta 27 implicaría un costo más alto y mayores retrasos.
La secretaria técnica de ese consejo, Dahianna Marín, explicó a La Nación que realizaron valoraciones técnicas y legales, luego de las cuales se determinó que romper el contrato “era contraproducente”. Según indicó, la eventual indemnización que habría que cancelar a la empresa por finalizar antes de tiempo la concesión fue lo que pesó más en la decisión.
Adicionalmente, se contemplaron convenios de inversión que mantiene el país, además de un acuerdo conciliatorio firmado con la concesionaria en el 2015, al cual se incorporaron los reajustes de precios por las obras que el contratista debía realizar en la carretera. De esta forma se determinó que aunque la carretera se terminaría de pagar en el 2028, la concesión debía mantenerse hasta el 2033.
Marín reconoció que las autoridades aceptaron que hacer un cambio implicaba no solo el pago de la indemnización millonaria (estimada en al menos $350 millones) sino también en mayor atraso al proceso de ampliación, pues se debería iniciar de cero con la búsqueda de una nueva concesionaria, una nueva estructuración de proyecto y financiamiento.
Ante ese panorama, el Gobierno retomó las negociaciones con Ruta 27 (antes llamada Globalvia), a fin de definir el modelo financiero para hacer realidad la ampliación de la vía, que superó su nivel de servicio desde hace casi 10 años.
“La negociación que existe es casi que impuesta por el contrato porque son obras consustanciales que son un deber y derecho del concesionario, la única negociación es quién pone el dinero y después de eso determinar todo un proceso de reajuste de precios, de aceptación de diseños, de generación de cronogramas de trabajo, orden de inicio y poder considerar con el concesionario cuál es la ruta a seguir”, explicó la secretaria técnica.
Estudios de tránsito claves
De acuerdo con la jefa de Concesiones, actualmente las reuniones que recién se retomaron se concentran en los estudios de demanda que deben ser actualizados, pues los existentes se hicieron hace más de tres años. La decisión sobre quién realizaría los aportes se tomará una vez que se cuente con dichos estudios de tránsito.
Ya con los datos, se elaborará el modelo económico que determinará cuánto tiene que aumentar la tarifa de peajes, el plazo de la concesión y cómo se ejecutarán las obras.
“Lo que queremos determinar es cómo entre las dos partes ponemos la inversión. El Estado tiene ciertas restricciones de tipo fiscal, el concesionario tendrá su restricción porque ellos están también considerando que deben colocar los fondos y poder levantar ese contenido económico que es un contenido importante, son $600 millones, por lo tanto se está en ese proceso de saber si el proyecto cumple y tiene la rentabilidad”, agregó.
El costo estimado de ejecutar la ampliación ronda entre los $546 millones y $600 millones, sin embargo el CNC aún no descarta que se realice una mayor optimización del alcance a fin de reducir esa inversión o, si por el contrario, esta aumentaría considerando que los cálculos se hicieron hace casi tres años.
La funcionaria agregó que mientras eso ocurre se avanza en procesos de expropiación y ya se cuenta con casi la totalidad de terrenos del primer tramo y una gran parte del segundo segmento.
A la fecha, el Gobierno no cuenta con un cronograma para las siguientes etapas, tampoco se tiene una fecha prevista de inicio de obras y menos de cuándo estaría completa la ampliación, según la secretaria del CNC, la idea es ir “etapa por etapa”.
Inconformes
La intención de poner fin al contrato con Ruta 27 fue anunciada por primera vez por el ministro Amador en junio del año pasado.
Las autoridades de Gobierno insistieron durante el primer año de su gestión, que dentro del abanico de opciones para concretar la ampliación, se valoraba terminar el contrato con Globalvia debido a que no estaban conformes con la tasa de retorno para la empresa.
No obstante, desde setiembre del año pasado, el Ejecutivo sabía que poner fin a la concesión de manera anticipada implicaría una indemnización de $350 millones a $700 millones, pese a eso, todavía en noviembre se hablaba de la intención de “quitar de encima a la empresa” y empezar de cero.
La anterior administración había anunciado que las negociaciones con la empresa quedaban con cerca del 80% de avance. La secretaria del CNC reconoció que efectivamente la parte técnica del proyecto ya se encuentra afinada y lo que falta estructurar es el modelo económico.
La propuesta planteada por Ruta 27 contempla realizar la ampliación por etapas e ir incrementando las tarifas de peaje conforme se ponen en servicio los tramos. El plazo de ejecución es de cinco años y se tenía previsto que la construcción empezara este año.
Inicialmente, la empresa había estimado que se requerían $650 millones para completar la obra. Para hacer frente a esa inversión, también se acordó que los peajes deberían aumentar entre un 25% y 40%.