El Poder Ejecutivo convocó 103 proyectos de ley para su discusión durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que comienzan este 1.º de diciembre y se extiende por cinco meses.
Tal como lo establece la Constitución, durante seis meses el Gobierno es el que decide la lista de expedientes que se discutan en todos los órganos parlamentarios. El primero de esos meses es agosto. El segundo periodo va de diciembre hasta el 30 de abril.
En la lista de intereses del Gobierno destacan iniciativas como la de fertilización in vitro, la reforma al impuesto de los moteles y la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
El Ejecutivo construyó la lista de las 100 iniciativas con base en las solicitudes de las nueve fracciones legislativas.
En la convocatoria a sesiones extra también destacan la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones Chinas, el fideicomiso para la construcción de la carretera entre San José y San Ramón, así como el crédito chino por $400 millones para la ampliación de un tramo de la carretera a Limón.
Además, la lista contiene leyes sobre la zona marítimo terrestre (protección de los habitantes en zonas especiales y territorios costeros comunitarios) y para la condonación de deudas e impuestos del sector turístico.
A pesar de lo grueso de la convocatoria a extras, el diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, se apuró a reaccionar y dijo que se trata de una convocatoria sin un rumbo claro por parte del Gobierno.
"Es una convocatoria sin visión, sin norte claro. Alimenta la desconfianza de consumidores, de empresarios y de los costarricenses en general sobre el rumbo de este gobierno", dice Redondo.
La iniciativa para establecer la pérdida de la credencial de diputado por faltas al deber de probidad también encontró un lugar en la convocatoria, así como el proyecto de Ley de control de los presupuestos públicos, transparencia y responsabilidad fiscal, la iniciativa para la lucha contra el fraude fiscal (atacada por mil mociones liberacionistas), la moratoria a los transgénicos y la reforma integral de la Ley del VIH/sida.