Este jueves es el día que las fracciones legislativas señalaron para la aprobación del Presupuesto Ordinario del 2015 en primer debate. De hecho, los diputados gastan sus últimos minutos para hablar sobre el plan de gastos gubernamental.
Mientras tanto, el Gobierno de la República intenta sostener su estrategia para resucitar la propuesta inicial de gastos gubernamentales, por ¢7,9 billones.
Esa estrategia implica sostener la presencia de los 49 legisladores presentes en el plenario legislativo a este momento.
Eso permitiría que ninguno de los informes de la Comisión de Hacendarios se apruebe, porque el informe de mayoría (que incluye recortes por ¢97.000 millones) no tiene el apoyo necesario para aprobar esa versión del Presupuesto.
Preliminarmente, diez votos del Partido Acción Ciudadana (PAC), nueve del Frente Amplio, uno del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), cuatro del Movimiento Libertario y uno de la Unidad Social Cristiana suman 25 congresistas contra el informe que impulsa los recortes.
El otro grupo, a favor de la reducción del Presupuesto 2015, incluye liberacionistas, seis socialcristianos y a Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
La posición del Movimiento Libertario en contra de los tres informes de Hacendarios sobre el plan de gastos permitiría que los dos restantes se desechen también, por no tener el apoyo suficiente.
La estrategia gubernamental sería contar con que, desechados los informes, subsista el texto original que envió el Gobierno a la Asamblea Legislativa el 1.º de setiembre.
Criterios contradictorios
En medio de toda la discusión y el pulso político por imponer opiniones, dos criterios de diferentes departamentos legislativos vinieron a condimentar la discusión.
El primero se trata de un criterio de la División Legislativa, firmado por la directora a. í. de esa entidad, Gloria Valerín.
Esa opinión establece que la resolución de Ottón Solís, presidente de Hacendarios, para ajustar unos gastos excesivos aprobados en varias partidas del Presupuesto es irregular.
Valerín explicó que el jerarca de la comisión no tenía la potestad para resolver esos errores, por un criterio reglamentario y de democracia. En su criterio, el informe de mayoría de Hacendarios (que incluye los recortes) es totalmente nulo.
Sin embargo, otra opinión, que emitió el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, avala los actos del diputado Solís y establece que no solo tenía potestad para resolver ese problema mediante resolución, sino que lo hizo conforme la ley.
Ante la disyuntiva y la exigencia del Frente Amplio para que se declare la nulidad del informe de mayoría sobre el Presupuesto, el presidente legislativo, Henry Mora, dijo que dejaría la decisión sobre la legalidad del procedimiento en manos de la Sala Constitucional.
El margen que se impusieron los diputados para la discusión en primer debate del Presupuesto Ordinario llega hasta las 9 p. m.
No obstante, los diputados aún tienen varios días para darle debate al plan de gastos del Gobierno, pues la Constitución establece que la iniciativa debe estar aprobada definitivamente antes del 30 de noviembre.
El Reglamento legislativo indica que el primer debate del Presupuesto se debe dar el 27 de noviembre y el segundo, el 29 del mismo mes.