Los diputados del Frente Amplio, tres independientes y uno del PAC acudirán a la Sala IV para tratar de traerse abajo la reforma a las pensiones judiciales que el plenario aprobó este lunes, en primer debate.
Lo harán mediante una consulta facultativa de constitucionalidad, que presentarán este martes.
De acuerdo con el frentamplistas Jorge Arguedas, 12 legisladores se reunieron para presentar la consulta, en la cual alegan que hubo errores de procedimiento y errores de fondo que, a su criterio, llenan de vicios el trámite de la iniciativa legal que pretende cerrar el gigantesco hoyo de ¢5,3 billones que tiene este régimen de pensiones.
Además de Arguedas y los siete frenteamplistas restantes, aportaron sus firmas los independientes Carlos Hernández, Carmen Quesada y Víctor Hugo Morales Zapata, así como Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
"Super mal que se haya aprobado ese proyecto, porque prácticamente es cerrar el régimen de pensiones de la Corte, si no se le da viabilidad financiera, no se le puede dar sostenibilidad actuarial", alegó Jorge Arguedas, consultado por La Nación.
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Arguedas atacó que la reforma se base en un estudio actuarial como el del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), pues arguye que ese estudio se hizo con números de rentabilidad mucho más bajos de los que ha estado teniendo el fondo en los últimos años.
En la iniciativa, se baja el porcentaje de las pensiones del 100% del promedio de los últimos 24 salarios a un 83% de los últimos 240 sueldos, además de que establece los 65 años como la edad para obtener una pensión ordinaria.
Hoy, el aporte de los trabajadores para el fondo jubilatorio está en un 11%; los diputados aprobaron incrementarlo a un 13% y fijar el máximo de la pensión en 4 millones.
Sobre el monto que exceda ese tope, los actuales jubilados tendrán que pagar una contribución especial solidaria que va de un 35% a un 55%, siempre que la suma de ese aporte solidario y el aporte obrero obligatorio no sumen más del 55% de la pensión.
Entre los reclamos que hacen los firmantes de la consulta de constitucionalidad está la intención de meter tres miembros independientes en la junta administradora del fondo; sin embargo, esa propuesta quedó eliminada este lunes, cuando se aprobó una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) con apoyo del Frente Amplio.
"No se pueden violar acuerdos ni convenciones ratificadas por Costa Rica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni las cartas de la ONU (Organización de Naciones Unidas) sobre la independencia de la judicatura. Los jueces necesitan independencia física y financiera, un régimen jubilatorio que sostenga su estilo de vida", manifestó el legislador Arguedas.
El diputado del FA también reclama que la edad de pensión para las mujeres sea 65, pues alega que no debería pasar de los 60 años. "Está demostrado que las mujeres trabajan el 40% más que los hombres", dijo Arguedas.
Una vez presentada la consulta facultativa en la Sala Constitucional, los magistrados tienen un mes calendario para responder si consideran que los reclamos tienen fundamento. De encontrarse que hubo errores de forma en el trámite del proyecto de ley, este se podría caer y los congresistas estarían obligados a hacer modificaciones.