El fracaso con la concesión para construir la vía San José-San Ramón le costará al país $35 millones; es decir, ¢17.675 millones.
Ese fue el monto que acordó el Gobierno pagar a la constructora OAS por ponerle fin al contrato, tras conciliar con la firma.
La constructora se vio obligada a negociar con el Ejecutivo su salida luego de que la presidenta, Laura Chinchilla, anunciara, el 22 de abril, la finalización del convenio por mutuo acuerdo.
Ese proyecto, que tendría un costo de $524 millones, fue cuestionado por organizaciones de San Ramón, sindicatos y usuarios por el alto monto de los peajes, lo que generó una serie de movimientos de protesta nacional.
Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), dijo que el dinero saldrá de fondos actuales de ese órgano y del presupuesto 2014 asignado a esa misma entidad.
El Poder Ejecutivo recurrió a la figura de la conciliación para pagar mucho menos dinero. Ese proceso comenzó en setiembre y concluyó el pasado viernes.
En un principio, la firma brasileña pedía $45,8 millones: $33,9 millones por inversiones realizadas, casi $900.000 por concepto de especies fiscales y $11 millones de “nuevos gastos e inversiones”.
En la negociación, afirmó Gallardo, la constructora aceptó no cobrar los $11 millones por las obras nuevas.
Víctor Garita, representante legal de la firma OAS, afirmó que esos $11 millones la compañía los asume como “decisiones de negocios y el costo de honrar un compromiso con la presidenta”.
El ministro Gallardo dijo que se acordó que a más tardar el 15 de marzo del 2014 debe estar hecho el pago a OAS. Además, que la compañía no elevaría el caso a un arbitraje internacional ni pensaría en el cobro de lucro cesante.
“Queremos dejar esa carretera libre antes de que termine este Gobierno. Ese es nuestro compromiso y lo haremos”, afirmó Gallardo.
El ministro afirmó que al país le quedan los diseños y los planos de lo que iba a ser la ampliación de la carretera, así como la adquisición de varios terrenos que había expropiado ya OAS.
Aún no termina. Pese a que el acuerdo parece ser el punto final al caso, la posibilidad de que el proceso se alargue sigue viva.
El acuerdo anunciado ayer por el Gobierno queda sujeto a que se haga el pago; sin embargo, si no se cumple en el tiempo establecido, la empresa podría iniciar un arbitraje internacional y cobrar lo que se conoce como lucro cesante.
Este podría ascender a los $505 millones.
El representante legal de OAS explicó que confían en la buena voluntad del Gobierno, pero la posibilidad de elevar el caso a un arbitraje internacional, si no hace el pago, sigue abierta.
Otra opción de ruptura de este acuerdo es que un tribunal ordene al Gobierno no hacer el pago. Precisamente, la agrupación denominada Foro Nacional emprendió procesos legales para que el Gobierno no indemnice a OAS.
Álvaro Sagot, representante de Foro Nacional, dijo que preparan varias demandas para detener ese pago.
En cuanto a qué va a pasar con la construcción de la carretera, el Gobierno reconoce que no tiene un plan B a corto plazo.
Gallardo dijo que los esfuerzos se enfocan en que se apruebe una ley en la Asamblea Legislativa que permita, por medio de un fideicomiso, financiar obras nuevas en esa vía de 58 kilómetros.
“Dimos un primer paso para liberar la vía. Ahora confiamos en que con un fideicomiso se logre no hacer arreglos, sino una carretera nueva, que es lo que se necesita allí”, dijo Gallardo.