El caso de la refinería de Recope con China dio un giro y ahora forma parte de la agenda judicial.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó, la mañana de ayer, varias oficinas de Recope, en Calle Blancos, así como de la empresa conjunta con China para desarrollar ese millonario plan (Soresco), en Santa Ana, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), sitas en San José.
Los agentes iban tras prueba documental como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con el proyecto conjunto.
En la mira de la Fiscalía está el eventual daño a la Hacienda Pública por el presunto pago del estudio de factibilidad a una empresa china (que habría costado $1,5 millones) y el otorgamiento de beneficios y bonos salariales a 26 ejecutivos orientales. Asimismo, gastos de viajes, reuniones y almuerzos de trabajo, así como alquiler de casas a empleados chinos en un residencial en Santa Ana. También, el pago de salario y beneficios laborales de siete funcionarios ticos designados para trabajar en la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).
Las pesquisas judiciales también incluyen el análisis del posible incumplimiento de deberes, pues al parecer se evadió el acatamiento de requisitos ambientales a la hora de otorgar la viabilidad ambiental. En marzo, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que Recope estaba asumiendo más gastos que su contraparte china, la Corporación Nacional Petrolera de China CNPC, en rubros como planilla, pluses salariales y otros beneficios al personal asiático.
Un nuevo estudio emitido por el órgano contralor el mes anterior, frenó el proyecto por irregularidades en el estudio de factibilidad, al considerar que hay conflicto de interés por haberlo hecho una empresa relacionada con China.
La presidenta Laura Chinchilla dijo ayer que el Gobierno no ha claudicado en la construcción de la refinería. “Si (el país) llega a esa conclusión, quiere decir que se entendió muy mal la discusión y quienes estarían ganando este debate serían las grandes transnacionales que nos están supliendo ese producto refinado, y por el cual el país está pagando más de $2.000 millones al año”, expresó.
Gran despliegue. En la acción judicial participaron 10 fiscales, informáticos y oficiales del OIJ .
El nutrido grupo de investigadores llegó a las 9:20 a. m. al edificio principal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) .
Jorge Rojas, gerente general de la Refinadora, dijo, luego de poner a disposición de los oficiales todo el edificio, sus equipos y archivos, que se recomendó a los trabajadores desalojar las instalaciones.
En la tarde, el fiscal general a.í , Carlos María Jiménez, informó de que los allanamientos son parte de una investigación que se abrió luego de recibir información confidencial al respecto, el año anterior.
A esto se unió la denuncia presentada por un ciudadano la semana anterior e información revelada recientemente por la prensa. Explicó que la investigación no está dirigida contra ningún funcionario.