Los Chiles. La Fiscalía de Los Chiles (Alajuela) desalojó, el jueves, a una familia de siete personas que construyó su vivienda en la milla fronteriza norte, contigua al puesto migratorio de Tablillas.
Alba Campos, fiscal adjunta de la zona, informó de que la acción se debió a que la casa de Alejandro Argüello Araya estaba en el área inalienable del Estado, administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
En ese espacio hay otras familias que se establecieron hace muchísimos años. En octubre del 2014, se venció la última moratoria para evitar las expulsiones.
Sin embargo, por el momento, las autoridades solo están impidiendo nuevas construcciones.
Según Campos, la Fiscalía recibió información en mayo de que Argüello edificaba su vivienda, y se le pidió que detuviera la obra por estar en propiedad estatal.
“Lamentablemente, desacató la orden y siguió trabajando, por lo que iniciamos un proceso penal en su contra por usurpación de un bien de dominio público.
”Simultáneamente, le pedimos al Juzgado Penal de San Carlos una medida cautelar y ese despacho ordenó desalojarlo; eso fue lo que hizo Fuerza Pública”, amplió Campos.
El juez Andrés Hidalgo le concedió 15 días al residente para que derribe la casa o, de lo contrario, lo haría la Fuerza Pública.
El hombre empezó a desmantelar su vivienda; no obstante, expresó que el proceder de las autoridades es injusto porque hay otras construcciones en esa zona y no las han tocado.
“La autoridad no puede hacer distinción donde la ley no la hace”, comentó.
La Municipalidad de Los Chiles comunicó que no concede ningún permiso para construir en la franja fronteriza, la cual es de dos kilómetros de ancho.
Se hará más. La fiscal Campos informó de que la Fuerza Pública recorrerá el cordón fronterizo con el fin de detectar otras construcciones levantadas hace menos de un año.
“Si los hay, procederemos de la misma forma”, advirtió.
La funcionaria aclaró que, por el momento, no se aplicará la misma medida para quienes tengan más años asentados en ese sitio.
Los campesinos buscan que se les otorgue otra moratoria indefinida, mientras la Asamblea Legislativa conoce un proyecto de ley que podría otorgarles escrituras o títulos de propiedad, explicó Carlos Miranda, uno de los vecinos del lugar.