La Constructora Hernán Solís ofrece al Gobierno la posibilidad de manejar un relleno sanitario donde se lo indique, con el fin de dar cumplimiento al contrato que firmó en 1993 para abrirlo en Cabezas de Esparza.
La empresa que nunca recibió un gramo de basura en esa localidad, pues la administración Figueres Olsen no avaló el proyecto cobra al Estado una indemnización que supera los ¢5.000 millones por incumplimiento de contrato, según derecho establecido en 1996 por la Sala Constitucional.
De acuerdo con la apoderada general, Mélida Solís, ellos insistieron ante la administración anterior para que, si no quería instalar el depósito en Esparza, indicara otro sitio y cumpliera lo pactado.
Esa es la propuesta que ahora vuelven a poner sobre la mesa, pese a que la demanda está en proceso en el juzgado de lo contencioso administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Fue en el gobierno de Rafael Ángel Calderón (1990-1994) cuando se declaró emergencia nacional el problema de la disposición final de la basura, ante el inminente cierre del botadero de Río Azul, en La Unión.
En esas circunstancias, el 24 de diciembre de 1993 la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y el Ministerio de Salud suscribieron un contrato con la citada constructora, la cual ganó una contratación directa con consulta de precios entre seis ofertas. Con ello el Estado quedó comprometido a pagar un mínimo de ¢444,7 millones cada 12 meses durante 15 años.
Ante la falta de cumplimiento, hoy la empresa tramita la ejecución de la sentencia de la Sala IV, que condenó al Estado a pagar
daños y perjuicios y pide ¢5.392.870.654 más intereses acumulados al día del pago.
Donde sea
"Si el Gobierno tiene un lugar y nos lo indica, estamos dispuestos a operar el relleno. Ese ha sido siempre nuestro objetivo; incluso después de que nos vimos obligados a recurrir a la Sala IV", manifestó el jueves pasado Mélida Solís a La Nación .
Explicó que, si el Gobierno les hace valer el contrato, tendría que pagar un precio menor al que estiman cobrará otra empresa por el tratamiento de la basura. Calculó que este se aproximará a los ¢2.400 por tonelada.
Para Juan José Sobrado, abogado de la constructora que planteó la demanda, de llegarse a un acuerdo no habrá necesidad de hacer ningún contrato y la indemnización que cobran se reducirá considerablemente, pues el Estado no deberá cancelar el denominado "lucro cesante", que incluye los pagos caídos desde que se les comunicó la ruptura del contrato, el 13 de octubre de 1996, y hasta el 24 de marzo del 2009, cuando finalizaba (¢2.083 millones).
Acerca de la finca Elke, en Esparza, la empresaria Solís señaló que una vez que se les pague (¢417 millones) la pondrán en manos del Estado y esperarán a que se designe el nuevo sitio.
Consultados sobre si ya hicieron una propuesta formal, dijeron que eso más bien corresponde al Gobierno y a partir de ese momento se sentarán a negociar.
El viernes se trató de conocer la versión del procurador general de la República, Román Solís, pues esa dependencia jurídica es la encargada de defender el Estado frente a la demanda de la constructora. Pese a que se le dejaron dos mensajes con su secretaria, al cierre de edición no se había logrado la comunicación con él.