Ciento cincuenta empleados en huelga desde hace 53 días, cero diálogo entre sindicalistas y patronos, y denuncias ante el Ministerio de Trabajo testimonian que el trasplante de FERTICA -del terreno estatal al campo privado- ha sido controversial.
El conflicto empezó a ser abonado desde febrero de 1994, cuando se puso en venta un primer lote de acciones de esta compañía que había estado en manos del Estado desde 1964; algunos sindicalistas advirtieron que la empresa podía quedar en manos de pocos grupos económicamente fuertes.
Sin embargo, el punto álgido de la polémica estalló el 9 de setiembre de 1995. Los nuevos propietarios de la firma -inversionistas chilenos y estadounidenses que compraron la mayoría de los títulos que habían sido vendidos en principio- despidieron a los 650 trabajadores que había en planilla, a quienes se les pagaron prestaciones por ¢930 millones.
Dos días después, Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA) recontrató a 375 funcionarios; servicios como el de jardinería y empaque de los productos en sacos empezaron a ser comprados a exobreros por medio de contratos.
Así, mediante un mecanismo que la ley no prohíbe, los nuevos dueños de la compañía dieron por concluidos los compromisos de una convención colectiva que había sido negociada y suscrita durante la época en que esta era patrimonio del Estado, y que significaba una erogación de entre trescientos y cuatrocientos millones de colones por año.
Tal suma cubría, entre otros beneficios, un fondo de vivienda y un proyecto de pensión complementaria que funcionaba desde el 1°ree; de marzo de 1991.
Millonario recorte
Para la compañía, según un alto funcionario -que pidió reserva de su nombre por no estar autorizado para dar declaraciones -ese paso forma parte de un proceso de reestructuración que significó la eliminación de una serie de elementos propios de la administración estatal que solo en 1994 implicó pérdidas por ¢350 millones.
Pero, para la Asociación de Trabajadores de Fertilizantes (ATFE), dicha acción fue una simulación de despido, en aras de deshacerse de la convención colectiva.
Esta organización gremial le ofreció, entonces, a los patronos iniciar negociaciones para restablecer la convención sin algunas concesiones; explicaron Indalecio Ordóñez y Marco Antonio Guzmán, secretario y secretario adjunto del sindicato, respectivamente.
La compañía se negó a dialogar. De allí que 150 empleados, de la planta ubicada en Carrizal de Puntarenas (en la fábrica que opera en Limón, con 80 empleados, no hay huelga) suspendieron labores desde el 30 de noviembre pasado, fecha desde la cual no reciben salario. Según Ordóñez, esta situación ha redundado en que haya servidores que laboran hasta cuatro días seguidos sin descanso.
Sin embargo, el funcionario de FERTICA mencionado refutó tales declaraciones y aseveró que ahora se produce igual pero con menos personal gracias al proceso de eficiencia en que entró la firma. El 13 de diciembre último, Ramón Aguilar Facio -quien fungía como presidente de la entidad- dijo que hasta ese día las pérdidas por la huelga eran de ¢200 millones, ademas de $3 millones (¢580 millones en ese momento) por el incumplimiento de contratos en el exterior.
En el transcurso del presente mes, los huelguistas han solicitado la intermediación del Ministerio de Trabajo y del Presidente de la República. Hasta ahora han intervenido el ministro de Trabajo, Farid Ayales, y la Dirección de Asuntos Laborales; mas sin éxito alguno.
FERTICA faltó
Dada esta situación, la ATFE denunció a la compañía en cuestión -el martes anterior- ante la Inspección General de Trabajo por "presunta violación de convención colectiva, prácticas laborales desleales y persecución sindical".
Así consta en el documento mediante el cual el despacho mencionado convocó a patronos y sindicalistas a participar en una audiencia de recibo de pruebas y descargos a las 8:30 a.m. del viernes pasado.
Solo la ATFE asistió a la cita. Según un informe del notificador Rafael Bermúdez, el abogado de FERTICA -José Soto Chavarría- manifestó que no recibiría la notificación debido a que había renunciado, lo cual tampoco hizo Alfredo Fournier Beeche -en las oficinas centrales-, aduciendo que el presidente de la empresa -Ramón Aguilar Facio- había dimitido.
"FERTICA no podrá argumentar indefención", manifestó Eugenio Solano, viceministro de Trabajo. Explicó que en caso de que la resolución final sea contraria a esta firma, el Ministerio de Trabajo puede demandar a la compañía ante los tribunales laborales.
La Nación intentó consultar sobre estos asuntos al ciudadano chileno Jacques Simian, gerente y presidente interino de la empresa en cuestión, y al ingeniero Manuel Enrique Arias -cuyo puesto no pudo ser precisado por la secretaria-; no fue posible localizarlos pese a que se les dejaron mensajes telefónicos con el motivo de la llamada.
No obstante, el alto funcionario de FERTICA que solicitó el anonimato manifestó que la notificación no fue recibida por una cuestión de procedimientos; es decir, que el documento no debía ser dirigido a Aguilar Facio, sino a quien ostenta hoy día los poderes de la empresa.
Fecunda polémica
En opinión de FERTICA, el proceso de reestructuración que ha puesto en marcha la compañía obedece a la decisión de eliminar sesgos estatales que producían pérdidas; tales como una erogación entre trescientos y cuatrocientos millones de colones anuales producto de una convención colectiva, convenio que obligaba -entre otros compromisos- al pago de salarios a líderes sindicalistas que no trabajaban pues estaban autorizados a efectuar solo labores de representación de los trabajadores.
Así lo manifestó un alto funcionario de la empresa, el cual solicitó la reserva de su nombre por no estar autorizado a dar declaraciones. Pero, ¿qué opinan otros sectores sobre esta situación?
*Eugenio Solano
viceministro de Trabajo
"Esta situación demuestra la actitud obstinada y persistente de algunas empresas en cuanto a desconocer los derechos constitucionales y legales en materia sindical. Hay empresarios que usan el concepto de la privatización para manejar a los trabajadores dictatorialmente; aquí ha faltado el sentido humano."
*Marco Vinicio Ruiz
presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
"Nos da la impresión de que hay un movimiento sindical importante que ha tomado este asunto como una estrategia para tratar de desprestigiar y prevenir futuras privatizaciones. La compañía liquidó a los trabajadores y luego los recontrató; nadie puede negarle esta decisión soberana."
*Indalecio Ordóñez
secretario general de la Asociación de Trabajadores de Fertilizantes
"Lo único que los nuevos dueños de FERTICA querían era quitarse de encima una convención colectiva que beneficiaba a todos los trabajadores. Nosotros estamos en la mayor disposición de sentarnos a revisar la convención para quitarle el sesgo de sector público que tiene; pero hay derechos a los que no podemos renunciar, como el fondo de vivienda y el proyecto de pensión complementaria."
Fuente: Entrevistas efectuadas por La Nación.