La Sala II de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar las demandas presentadas por cuatro exagentes del Instituto Nacional de Seguros (INS), que pretendían el pago retroactivo del laudo arbitral 112 -que rompe con el tope de cesantía-. Esto implicará un ahorro a la institución de aproximadamente ¢2.000 millones.
Así lo corroboró ayer el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Jorge Arturo Hernández Castañeda, quien comentó que la resolución tomada el pasado 26 de enero por dicho órgano judicial, con respecto a esas cuatro demandas, sienta la jurisprudencia necesaria para resolver otras 50 más que habrían implicado un desembolso millonario.
"Eso es parte de la lucha por lograr un saneamiento en este tipo de cosas y por eso estamos agradecidos con los magistrados de la Sala II. La resolución fue muy favorable para el INS, por el ahorro que se producirá, ya que los pagos de cesantías y comisiones no serán retroactivos", dijo Hernández Castañeda.
Las demandas interpuestas por los exagentes Otto Cruz Salazar, Franklin Carmona Sánchez, Enrique Maroto Barquero y Manuel Morales Alvarado pretendían que el rompimiento del tope de cesantía, contemplado en el laudo de 1988, se hiciera retroactivo a 1983, cuando por convención colectiva los empleados administrativos rompieron el suyo.
Se trató de conocer la posición del presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS), Jorge Carrillo Muñoz, pero no fue posible localizarlo. Igual suerte se tuvo con los demandantes y cuando se trató de obtener una versión del agente Arturo Sell, dijo desconocer el fondo del tema.
Lucha vieja
La votación del 26 de enero de este año estuvo a cargo de los magistrados Zarela María Villanueva Monge, Alvaro Fernández Silva, Jorge Hernán Rojas Sánchez y Rogelio Ramos Valverde. Orlando Aguirre Gómez salvó su voto.
Hernández Castañeda se mostró muy satisfecho por la resolución y agradeció a dichos magistrados el razonamiento de la demanda. "Este fallo alcanza especial significado para el INS, dado que los intereses de la institución están en juego", agregó.
Los agentes de seguros firmaron un laudo en 1988 con el INS que les otorgaba beneficios en aquel entonces por ¢1.000 millones; sin embargo mantenían un tope máximo de cesantía por ocho años, cuando los administrativos ya lo habían roto.
Esto los llevó a plantear una demanda y, en 1990, el Juzgado Segundo de Trabajó falló a su favor y lograron eliminar el tope, de manera que los montos por cesantía y comisiones se calcurarían según los años que hubieran trabajado.