La Sala IV ratificó ayer que el Estado costarricense no está obligado a firmar un contrato de explotación de petróleo y gas natural en las llanuras de la zona norte, durante un periodo de 20 años.
La Sala rechazó de plano, “por mayoría y con redacción del presidente interino, magistrado Gilbert Armijo Sancho, una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Mallon Oil Company contra jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo que, en criterio de los accionantes, cuestionaba la obligatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional”.
La empresa accionante consideraba que el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera habían desconocido los alcances de una sentencia de la Sala Constitucional (2010-205), en la cual se resolvió un recurso de amparo presentado por la firma minera.
El amparo, resuelto en el 2010, establece “que no se había comprobado que existiera lesión al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por la fase en que se encontraba el proyecto de ‘Prospección petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántica de Costa Rica’”.
En ese momento, la Sala no analizó “el procedimiento de contratación en su totalidad, el marco normativo completo de la actividad, ni tampoco dijo que el estudio de impacto ambiental fuera suficiente para tener por válida y eficaz la concesión, sino que se limitó a establecer que, en la fase en que está el proyecto, no se constataba la lesión del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Los magistrados reiteraron que la sentencia del 2010 “no contiene ningún pronunciamiento sobre la validez del estudio de impacto ambiental relacionado con la petición de concesión, ni tampoco declara obligación del Estado de firmar un contrato de concesión petrolera”.
En la vía contencioso administrativa, se resolvió que el Estado no estaba obligado a firmar un contrato con Mallon Oil.
La demanda de Mallon Oil fue interpuesta luego de que el Gobierno de Laura Chinchilla declarara una moratoria a la exploración petrolera y se negara a suscribir un contrato con la empresa.