Aunque el Gobierno lo da casi por un hecho, los empresarios dudan que se pueda reactivar el servicio de buses intersectoriales para mitigar las presas.
Los autobuseros asistieron ayer a una reunión en la Casa Presidencial. Allí fueron recibidos por la viceministra de Transportes Silvia Bolaños y acordaron una nueva cita, el próximo lunes para analizar detalles.
El servicio intersectorial permitiría a las personas viajar de un punto del Área Metropolitana a otro, pero sin pasar por el centro de San José.
Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, explicó que la decisión deben tomarla los 25 empresarios involucrados en el plan de interlíneas .
Hernández recordó que el primer requisito para poner en movimiento el plan es un acuerdo entre los autobuseros, pues algunos comparten recorridos.
También es necesario realizar un análisis técnico sobre la viabilidad de la iniciativa en aspectos como: recorridos, horarios, tiempos de viaje y las tarifas.
“ Ellos (Gobierno) quieren habilitar el servicio para una crisis, pero la idea es que sea permanente. Esperamos que el lunes se tenga un poco más de claridad sobre el asunto”, agregó.
Según Hernández, el Gobierno le hizo una propuesta a los empresarios sobre el uso de rutas y recorridos exclusivos para el transporte mediante autobús.
La dirigente comentó que el gremio analizará esa iniciativa gubernamental y el miércoles emitirá un criterio.
Las dudas también surgieron en la Cámara Nacional de Autobuseros, que reúne a unas 30 empresas de transporte público. Alfredo Villalobos, presidente de la organización, envió una carta el ministro de Transportes, Pedro Castro, pidiendo detalles sobre la propuesta de las interlíneas.
Por fases. Sin embargo, anoche, Castro dio casi por un hecho que las interlíneas operarán en las próximas semanas, al menos, en algunas rutas. Los recorridos con mayor posibilidad son: Hatillo-Guadalupe, Guadalupe-La Uruca y Moravia-Desamparados.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos anunció su colaboración y ofreció una tarifa de ¢350, que estableció hace cinco años.
Castro dijo que las empresas estarían anuentes a ofrecer el servicio con esa tarifa y posteriormente pedir una actualización.