Del gasto total en salud, la CCSS solo destina un 3% a la salud mental. De ese porcentaje, el 67% se gasta en la hospitalización de pacientes. El resto se emplea en la atención en consulta externa y la prevención.
Sin embargo, un manejo integral de la salud mental debería incluir políticas en cinco áreas: la prevención, la promoción de la salud, el tratamiento, la reinserción social y, finalmente, la disminución del estigma hacia las personas con enfermedades mentales.
Javier Contreras Rojas, psiquiatra e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR, aseguró que el enfoque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) persiste pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ese organismo insiste en que la mayoría de recursos deben enfocarse en la promoción de la salud, pues el modelo tradicional no solo es ineficiente sino costoso.
Los altos costos que afronta la CCSS se reflejan en los 133.000 días de incapacidad por depresión que otorgó esta institución en el 2012. “La Caja está gastando ¢3.000 millones al año solo por incapacidades por depresión”, dijo la presidenta de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, Virginia Rosabal.
Una excepción al sistema centrado en el tratamiento es el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), que destinó ¢5.675.729 millones a programas educativos y de prevención.
Sin embargo, el IAFA no tiene camas para la atención de las adicciones, mientras la CCSS se enfoca en la parte biológica y deja de lado la parte psíquica de la adicción.
En Costa Rica, el tema de la salud mental no se incluyó en la agenda de los Gobiernos recientes. Aun así, el año pasado se dio un primer paso: el Ministerio de Salud elaboró la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021.
Algunos investigadores, como Javier Contreras, encuentran falencias en esta política: “La mayoría de las acciones propuestas no se basan en evidencia local ni tienen instrumentos sistematizados para evaluar su impacto”.
El talón de Aquiles de esta política es que no parte de un mapeo previo de la realidad del país: ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Dónde viven las poblaciones vulnerables? ¿Cuántos especialistas se necesitan ?
Tales incógnitas solo se resolverán con un estudio epidemiológico para el cual son necesarios ¢500 millones, que no existen.